El gobierno anterior le soltó la rienda al narcotráfico y hay metástasis en todo el territorio y en la economía del país.
Se destruyeron las barreras de defensa de la soberanía y quedamos subordinados al interés político de Donald Trump y a las acciones que decida tomar para proteger la seguridad nacional de su país.
Ese momento, que nunca debió llegar, ya está aquí. Es presente y no un posible escenario a futuro.
Andrés Manuel López Obrador debe ser juzgado por traición a la patria, en los términos del artículo 123 del Código Penal Federal.
En la fracción I del artículo 123 se castiga a quien: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
México quedó sometido a Estados Unidos y a su belicoso presidente por un cúmulo de decisiones de López Obrador, contrarias a la soberanía mexicana, que hoy obligan a la presidenta Sheinbaum a aceptar la intervención de corporaciones extranjeras en territorio nacional.
La intervención de agencias estadounidenses para capturar capos en México se disfraza de cooperación, porque no hay de otra.
En la emergencia, es mejor así. Ya vendrá un acuerdo más puntual que rescate el decoro y sirva al país. Pero ahora no tenemos defensa.
De sobra es conocida la complacencia que tuvo AMLO con las mafias criminales. También la protección que les brindó. Ahí están sus palabras y los hechos. Por sabidas, no es necesario reiterarlas.
La economía se infectó de manera inaceptable con el dinero producto del tráfico de drogas. En su gobierno, las remesas provenientes de Estados Unidos crecieron al doble: 100 por ciento.
Para él, y su gobierno, ese ingreso de dinero sucio era motivo de orgullo y no motivo de investigación y corrección. Por seguridad nacional.
Optó por tomarle el pelo a Biden, llamar a no votar por los candidatos del Partido Republicano y a ocultar que en México se fabrica fentanilo.
Como apuntó ayer Víctor Avilés en La Aurora, el 97 por ciento de las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos se han hecho en la frontera de Texas.
En los dos últimos años del gobierno de AMLO esa droga mató a 110 mil estadounidenses.
AMLO acabó con la Policía Federal (civil) y militarizó la seguridad pública. Abandonó la profesionalización de las policías estatales y dejó en la orfandad a las policías municipales.
No había que ser muy listo para entender que esas medidas iban a fomentar el surgimiento de grupos criminales, fortalecer a los grandes cárteles y a corromper a parte de las Fuerzas Armadas, que eran la última línea de defensa de la soberanía.
Las agencias estadounidenses ya no confían en nuestro Ejército ni en la Marina, hasta hace poco un orgullo de eficacia en la labor de inteligencia contra el crimen.
Se acabaron las relaciones políticas con otras esferas de poder de Estados Unidos.
¿Con quién van a hacer una reunión interparlamentaria los congresistas de Estados Unidos? ¿Con Adán Augusto, líder del Senado mexicano?
Había una fluida relación entre gobernadores fronterizos, muy útil para resolver problemas.
Ahora, ¿con quién se van a reunir los gobernadores vecinos? ¿Con Marina del Pilar? ¿Con Alfonso Durazo? ¿Con Américo Villarreal?
En ese contexto de descomposición institucional de México es que agencias de Estados Unidos planean el secuestro del Mayo Zambada, sin avisarle al gobierno.
Y entraron a capturar a un capo canadiense en territorio mexicano, con el mismo equipo especial que aprehendió a Nicolás Maduro en una base militar en Caracas.
Cooperación, dicen. No hay de otra.
Ni a los presos de peligro se puede mantener en las cárceles y hay que mandarlos a centros penitenciarios de Estados Unidos.
¿Con qué fortaleza vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio?
El presidente López Obrador dejó a México indefenso y a merced del presidente de Estados Unidos.
Traición a la patria, dice el Código Penal Federal.
Que no entregó a México con la intención de subordinarlo a Estados Unidos. Puede ser. Que lo diga y se disculpe. Por lo menos.
