Justifican Gobernación y SRE que la mayoría de los casos a los que se refiere la ONU son de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón
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Justifican Gobernación y SRE que la mayoría de los casos a los que se refiere la ONU son de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón
El Gobierno de Claudia Sheinbaum calificó de “tendencioso” el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada al considerar que omitió los avances contra las desapariciones forzadas en México desde 2018, a diferencia de lo ocurrido en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
Cabe señalar que el Comité decidió llevar la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU ante “indicios fundados” de que estas se han cometido y se siguen cometiendo en el país como crímenes de lesa humanidad, por lo que considera urgente brindar apoyo al país.
En respuesta, a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la administración de Sheinbaum respondió al informe.
“México rechaza el informe del comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”.
Señaló que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar.
Sostuvo que dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia.
“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
Añadió que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. “Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
La Secretaría de Gobernación y la cancillería, resaltaron la “falta de rigor jurídico” y “ligereza” de las premisas del informe del Comité de la ONU. Además, señaló que esta situación se agrava por conflictos de interés de alguno de sus integrantes.
“En específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
Afirmó que el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas y que está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
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