Guanajuato.- La escena se repite casi siempre igual. Ocurre un hecho violento de alto impacto y, en cuestión de minutos, los videos comienzan a circular. Un fragmento grabado desde un balcón. Un audio reenviado por WhatsApp. Una versión incompleta que alguien “escuchó decir”. Antes de que exista una explicación oficial, ya hay decenas de relatos compitiendo entre sí.
La gente no busca morbo. Busca orientación. Quiere saber si el riesgo continúa, si hay acciones en marcha, si alguien está conduciendo la situación. En un entorno donde la información fluye sin filtros, el silencio institucional no detiene la conversación: la deja sin guía.
En seguridad, cuando el Estado calla, la ciudadanía no se queda quieta. Completa la historia. Y casi nunca lo hace a favor de las instituciones.
Hoy estamos más cerca de la información que nunca. Redes sociales, medios digitales y canales oficiales conviven en tiempo real. La ciudadanía está ávida de novedades no por curiosidad, sino porque la información ayuda a procesar el miedo, a ordenar la incertidumbre y a recuperar una mínima sensación de control frente a lo que parece caótico. En ese contexto, la ausencia de comunicación no contiene: desorienta.
El problema no suele estar en la investigación penal, que puede y debe avanzar con reserva. El problema aparece cuando la comunicación de crisis desaparece del espacio público. Porque la primera narrativa que se fija tras un evento de alto impacto no es la más precisa, sino la que ofrece sentido. Y el silencio no es neutro: comunica distancia, ausencia o falta de conducción.
Aquí es útil mirar prácticas comparadas. En Estados Unidos, tras hechos de violencia extrema, las autoridades se mantienen presentes. Informan avances, aclaran dudas y, cuando existe respaldo legal, difunden nombres o fotografías de personas buscadas. No como condena anticipada ni espectáculo, sino para activar la participación ciudadana, cerrar espacios de protección social al delito y enviar un mensaje claro: hay acción, hay seguimiento.
En Reino Unido, la información se administra, no se concentra. Hay vocerías claras, mensajes periódicos y explicaciones sencillas sobre qué puede decirse y qué no. La comunicación se entiende como una herramienta de contención social.
En España, la difusión de identidades o imágenes ocurre cuando hay sustento judicial y un objetivo preciso. No se exhibe a personas ni se fabrican culpables: se refuerza el Estado de derecho y se evita que la percepción de impunidad gane terreno.
Este mismo principio —comunicar sin vulnerar derechos— empieza a observarse también en México en ciertos espacios. Desde el ámbito federal, se ha consolidado un estilo comunicativo más activo, oportuno y constante en materia de seguridad. Las comunicaciones encabezadas por Omar García Harfuch no sólo informan: ordenan la conversación pública y marcan liderazgo. Se anuncian acciones y detenciones cuando ya existen, se explica su alcance real y se evita el vacío informativo que suele ser llenado por rumores. Ese enfoque ha contribuido a elevar la percepción de efectividad y la aprobación pública, porque transmite mando, continuidad y capacidad de respuesta.
El matiz es clave y no menor: no se trata de anunciar detenciones en automático, ni de exhibir personas que podrían no deberla ni temerla. Tampoco de construir culpables para calmar ánimos. Se trata de comunicar cuando hay acciones reales, con respaldo legal, y de explicar qué significan y qué no. Informar con responsabilidad no debilita el debido proceso; lo hace entendible y refuerza el Estado de derecho.
Pese a ello, en México persiste un estilo de gestión de la información que muestra signos claros de agotamiento: concentrarla, reservarla por largos periodos y asumir que el silencio genera control. En una sociedad hiperconectada ocurre lo contrario. El silencio alimenta la ansiedad colectiva y refuerza la idea de impunidad, incluso cuando sí hay trabajo institucional detrás.
Desde el plano jurídico, el Estado tiene obligaciones que van más allá de investigar. Debe hacerlo con debida diligencia, garantizar el derecho a la información y el derecho a la verdad, especialmente en contextos de violencia grave. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: la reserva debe ser excepcional, proporcional y explicada. Sin pedagogía ni contexto, el silencio deja de ser protección.
Pensemos en cualquier ciudadano que vive o trabaja cerca de donde ocurrió un hecho violento. No pide expedientes ni tecnicismos. Quiere saber si hay acciones en curso, si existen personas buscadas, si el riesgo sigue ahí. Cuando la información fluye con límites claros, la incertidumbre baja y la comunidad se ordena. Cuando no fluye, el miedo ocupa ese espacio.
La reflexión de fondo es sencilla y exigente: en seguridad, investigar bien no basta; hay que explicar a tiempo y con responsabilidad. En un entorno saturado de información, el silencio institucional no ordena: desordena. Y muchas veces termina protegiendo inercias que ya no dialogan con la realidad social.
Gobernar la seguridad hoy implica entender que la información también cuida. Comunicar acciones reales, con claridad y límites, fortalece el Estado de derecho y ayuda a desmantelar la narrativa de impunidad. Evolucionar del silencio como reflejo a la comunicación como responsabilidad no es debilidad: es liderazgo. Porque cuando el Estado acompaña con información, incluso sin tener todas las respuestas, la gente no se queda sola frente al miedo.
