Definir estratégicamente la posición de México frente a la acelerada sustitución de paradigmas en el orden internacional —en particular en su relación bilateral con Estados Unidos— exige bastante más que destreza para administrar la personalidad del presidente Trump en llamadas telefónicas ocasionales. Reivindicar discursivamente la soberanía nacional mientras se cede terreno en los hechos no sólo es incoherente: produce precedentes estructuralmente adversos a largo plazo. Reeditar el viejo repertorio del “nacionalismo defensivo” del priiato no fortalece al país; lo aísla justo cuando el sistema internacional atraviesa una fase de reacomodo geopolítico marcada por el retorno del unilateralismo. México necesita construir, con realismo político y sin autoengaños, anclajes mínimos de previsibilidad en un entorno crecientemente inestable.
El primer obstáculo para una definición pragmática es la negación en la que se ha instalado el régimen. Sólo desde esa lógica puede sostenerse la ficción de una negociación simétrica, fundada en la reciprocidad y en una supuesta afinidad personal inquebrantable entre mandatarios. Para cualquiera que observe el escenario internacional con atención elemental, resulta evidente la volatilidad del voluntarismo trumpista y, sobre todo, la profundidad del proceso de reafirmación de la preeminencia estadounidense —militar y económica— que encarna la llamada doctrina “Donroe”. La redefinición de prioridades estratégicas, la reconceptualización explícita de fenómenos como la migración o el crimen organizado en clave de soberanía y seguridad nacional, así como la ampliación de los medios disponibles para la consecución de fines autorreferenciales —incluido el uso de la fuerza letal o el despliegue militar— imponen coordenadas radicalmente distintas para la gestión de los intereses en juego.
En este contexto, México no sólo enfrentará exigencias crecientes: deberá decidir hasta dónde está dispuesto a alinear su política interior para cumplirlas. Pretender normalidad donde hay asimetría, y estabilidad donde hay reconfiguración, no es prudencia diplomática: es un acto de autoengaño. Ese discurso queda obsoleto antes incluso de ser pronunciado.
El segundo obstáculo es la mala conciencia. Es un error asumir que la exigencia de resultados tangibles en el combate al crimen organizado o en la contención de la influencia de potencias competidoras —particularmente China— puede administrarse mediante ofrendas simbólicas o concesiones informales. En términos de precedentes, romper la legalidad básica o actuar deliberadamente en zonas grises para “ganar tiempo” es extraordinariamente riesgoso. Las expulsiones extralegales de presuntos criminales o las ambigüedades calculadas sobre la cooperación operativa bilateral son ejemplos elocuentes. Este tipo de concesiones cristaliza puntos de partida que luego se vuelven intocables en ciclos posteriores de negociación. En un orden internacional crecientemente alegal, las situaciones de facto terminan por convertirse en el derecho efectivamente exigible.
Ni el país ni la relación con Estados Unidos pueden quedar rehén de las expectativas de impunidad de quienes se asociaron con el crimen organizado, ni del costo político que implica asumir las consecuencias de la permisividad impuesta por el gobierno anterior. Los intereses nacionales tampoco deben someterse pasivamente a la lógica de la unilateralidad hegemónica. México tiene que buscar entendimientos, sí, pero sobre rieles de legalidad que acoten la inevitable transaccionalidad del momento.
Porque lo verdaderamente insostenible no es la asimetría con Estados Unidos, sino la combinación de negación y mala conciencia con la que hoy se intenta administrarla. Un país que se miente sobre su posición real y actúa al margen de su propio orden jurídico no defiende su soberanía: la erosiona. En política internacional, los vacíos no permanecen: siempre los ocupa el poder.
