El tribunal partidista en que convirtieron al poder Judicial cobró una nueva víctima: el juez federal Fernando Alvarado fue suspendido e inhabilitado por un año para ejercer cualquier cargo público.
La sanción contra el juez séptimo en materia penal, con sede en Tamaulipas, fue ordenada por el Tribunal de Disciplina Judicial.
¿Qué infracción grave cometió el juzgador tamaulipeco?
Había otorgado un amparo al exgobernador panista de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, perseguido desde tiempos de López Obrador.
¿Qué argumento dio el Tribunal de Disciplina Judicial para aplicar una sanción así de fuerte?
Ninguno. No hubo comunicado.
¿Quién dio a conocer el castigo al juez, entonces?
La información la anunció el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, a través de un video en el que exhibe el fallo del tribunal.
¿Se confirmó la sanción del TDJ?
Sí, pero no lo hizo el poder Judicial, sino la Cámara de Diputados, es decir el poder Legislativo, que emitió un comunicado en el que informa el castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina.
Desconozco si García Cabeza de Vaca es culpable o inocente de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, como se le acusa. Lo que sí queda claro es que el poder Judicial tiene una guillotina al servicio de las necesidades políticas de Morena.
El poder Judicial es una tribu más del partido gobernante.
Claudia Sheinbaum, Ebrard y otros más pueden jurar a los inversionistas nacionales y extranjeros que en México hay Estado derecho, pero la realidad los desmiente.
Más claro aún: la realidad indica que mienten.
Para saldar el agravio cometido en perjuicio de los intereses vengativos de Morena, otro juez federal con sede en Tamaulipas, enmendó las cosas al gusto del partido del gobierno.
Negó el amparo y dio vigencia a la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, su madre, su esposa y su hermano.
En el diario La Jornada se publicó el argumento del juzgador, que negó el amparo “apoyado en los datos expuestos por el Ministerio Público, sin requerir verificación plena, corroboración integral ni demostración concluyente”.
Con que lo diga el Ministerio Público es suficiente: a la cárcel.
El Ministerio Público es el gobierno, o sea Morena.
Tamaulipas es gobernado por Américo Villarreal, cuya campaña la financió el crimen organizado, como señala el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.
Para el gobernador morenista, señalado por una alta autoridad del sexenio anterior como parte de una mafia político-criminal, no hay citatorio ni se le abre una investigación de oficio.
¿Por qué? Porque no hay poder Judicial autónomo, sino que es un componente del partido gobernante.
El diputado federal de Morena -Gutiérrez Luna- leyó ante la cámara de video:
“Se impone a Juan Fernando Alvarado López la sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y a participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un año”.
Quien sea adicto al engaño que le crea a Sheinbaum y a Ebrard que en México hay separación de poderes, Estado derecho, democracia y fiscalías autónomas.
