El pasado 17 de enero la presidenta Sheinbaum se reunió con ocho economistas ajenos a la 4T para escuchar sus puntos de vista sobre los retos de la economía, en especial sobre los factores que han impedido su crecimiento. Gerardo Esquivel, uno de los participantes, calificó el encuentro de inédito y celebró la apertura al diálogo de la mandataria. Coincido en que fue inédito, pero sólo para este gobierno, pues en los 15 meses que lleva al frente del país no se había reunido con casi nadie que no fuera parte de su equipo de colaboradores (la excepción son los grandes empresarios). En lo que tengo muchas dudas es si hay una verdadera voluntad de diálogo. Una golondrina no hace primavera.
Que un presidente, que en teoría es de todos los mexicanos, tiene que reunirse y escuchar a todos es una obviedad del tamaño del mundo. Pero eso dejó de ser una realidad desde que la 4T llegó al poder; eso sí que es inédito en la historia del país. Desde 2019 no ha habido ningún encuentro de los titulares del Ejecutivo con algún dirigente o político de la oposición; sólo los morenistas tienen derecho de picaporte; no han ido a escuchar, no digamos a debatir, nunca al Poder Legislativo; se negaron a recibir a los ministros de la SCJN para conocer las implicaciones de la reforma judicial, incluso López Obrador llegó a no invitar a la presidenta del Poder Judicial a eventos oficiales.
Las organizaciones de madres de los desaparecidos llevan años esperando ser recibidas en Palacio Nacional; lo mismo los productores del campo y los ambientalistas que advertían sobre el desastre ecológico que causaría el Tren Maya; tampoco se abrieron las puertas de Palacio a las feministas ni a los papás de los niños con cáncer y a … la lista es bastante más larga.
No obstante que los datos preocupantes sobre la economía eran del conocimiento del titular de Hacienda y de la misma presidenta desde que asumió el poder en octubre de 2024 y también eran públicos los análisis que señalaban con claridad los factores que han hecho perder la confianza a los inversionistas y derrumbado la inversión privada a lo largo del reinado de la 4T, tardaron 15 meses para abrirse al diálogo. Enhorabuena. ¿Tardarán otros 15 meses para dialogar con los expertos en seguridad y las madres buscadoras y otros dos años para escuchar a los diplomáticos sobre cómo diseñar una política exterior acorde con los nuevos tiempos y tres años para reunirse con los expertos en salud y en mejores prácticas de compras de medicinas?
Esperemos, por el bien del país, que la reunión con los economistas le haya hecho entender a Claudia Sheinbaum varias cosas. Primero, que quienes no forman parte de su movimiento no son adversarios, ni neoliberales corruptos que sólo defienden privilegios perdidos y que muchos de ellos están dispuestos a apoyar; segundo, que para gobernar se requiere necesariamente de la pluralidad, es decir, de los conocimientos, puntos de vista y colaboración de toda la sociedad, que no bastan las visiones del gobierno y que la popularidad, por más elevada que sea, no significa tener la verdad ni poder mágico para solucionar los problemas.
Tercero, que después de escuchar a los expertos y a los involucrados en una problemática, lo que sigue es traducir ese conocimiento en acciones de gobierno consensadas –producto de acuerdos y negociaciones en las que domine la razón y no la ideología— para estar en posibilidad de convocar a la sociedad a sumarse a las tareas de gobierno. La economía no va a crecer si el empresariado en su conjunto –los dueños de los cinco millones de empresas que existen en el país (98% de micro, pequeñas y medianas empresas) y no sólo los 20 más ricos— no invierte y no lo hará si no es escuchado, tomado en cuenta y convocado a hacerlo desde una actitud real de apertura y de rectificación de lo que lo hace desconfiado.
Y para creer que Claudia Sheinbaum está abierta al diálogo y tiene la voluntad para hacer que la economía se recupere, lo siguiente sería que convoque a los expertos en elecciones y democracia, a la sociedad civil y a todos los partidos políticos a un diálogo y una negociación real sobre la reforma electoral. Los empresarios no son tontos, saben que, si se aprueba la reforma en los términos anunciados, la decisión presidencial significará autoritarismo, cerrazón, decisiones políticas y económicas sin límites ni contrapesos, sin voluntad de rectificación. Exactamente lo que no se necesita para que la confianza y la inversión regresen.
