Las autoridades del actual gobierno vacían sus equipos, requisan celulares, los detienen o los deportan a los países vecinos
Las autoridades del actual gobierno vacían sus equipos, requisan celulares, los detienen o los deportan a los países vecinos
La caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, lejos de abrir las puertas a una libertad de prensa inmediata, ha sumergido al periodismo en un escenario de "extrema peligrosidad". Mientras el país intenta navegar una transición incierta, los reporteros que intentan documentar la realidad se enfrentan a un muro de contención militar, detenciones arbitrarias y tácticas de amedrentamiento en las fronteras.
Para muchos corresponsales internacionales, la frontera con Cúcuta (Colombia) se ha convertido en el último bastión de resistencia. Ante la imposibilidad de obtener visados oficiales, decenas de periodistas intentan ingresar a pie o por vías alternas.
El caso más reciente y alarmante involucró al periodista mexicano Julián Mazoy y al colombiano Jeff Martínez. Ambos fueron retenidos durante 17 horas tras intentar cruzar por el puente de Tienditas. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), los comunicadores fueron sometidos a tortura psicológica y amenazas constantes durante su incomunicación.
Sus equipos fueron vaciados, se les requisaron sus teléfonos y herramientas de trabajo fueron confiscados y su contenido eliminado. Se les procesó la tras 10 hora de detención formal, pero 17 en total por los tiempos en los que no se supo de su paradero y después fueron expulsados hacia Colombia el 7 de enero.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha calificado la situación como "crítica". Solo en la primera semana de enero, se han registrado cifras que evidencian un patrón de silenciamiento con datos como 14 periodistas retenidos en Caracas, el pasado 5 de enero, mientras cubrían la toma de posesión de Delcy Rodríguez.
Asimismo, informa el organismo que hubo sesis detenciones y cuatro deportaciones documentadas solo en la frontera colombo-venezolana entre el 5 y el 7 de enero.
Denuncian además que las autoridades han llegado a disparar contra dispositivos no tripulados (drones) utilizados por la prensa para cubrir las movilizaciones.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, declaró al respecto: "Instamos a quienes detentan el poder de facto en esta transición a que cesen las hostilidades. Detener periodistas es una táctica propia de la dictadura que dicen haber dejado atrás. No se puede construir democracia sobre el secuestro de la verdad".
“Pareciera haber una orden directa de impedir que el periodismo independiente documente el vacío de poder y las represalias en las zonas populares", señaló.
Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) advierte que la estructura de censura heredada del chavismo sigue operando bajo el mando del nuevo estado de excepción, aislando intencionadamente al país para evitar que el mundo conozca el alcance de la violencia post-captura.
Ha incluido a Venezuela en una "alerta de emergencia máxima" por el secuestro de la información técnica. En un comunicado reciente, señalaron que “el vaciado de equipos y la revisión de contactos personales de los periodistas deportados es una violación flagrante a la confidencialidad de las fuentes. Estas prácticas buscan desmantelar las redes de apoyo que el periodismo ha construido para sobrevivir al apagón".
"En este momento crucial, el gobierno venezolano continúa restringiendo la actividad de la prensa y evitando que periodistas extranjeros informen. Ni siquiera hay información sobre las decenas de personas que, según se informa, murieron durante el ataque de Trump. Sin acceso a la información y sin libertad de prensa, se dan las condiciones ideales para la guerra informativa", escribe en el sitio web Thibaut Bruttin, director general de RSF.
Dentro de Venezuela, el periodismo se ha vuelto una actividad subrepticia. Los reporteros locales reportan bajo pseudónimos o a través de redes cifradas, temiendo que el "estado de excepción" actual se utilice para justificar detenciones prolongadas.
"Brindamos en voz baja cuando supimos de la captura, pero el miedo volvió a las pocas horas. Hoy es más difícil grabar en la calle que hace un mes", relata un periodista local que pidió el anonimato.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha sido el organismo más incisivo al denunciar las tácticas de las fuerzas que hoy controlan los pasos fronterizos. Tras la liberación de los periodistas Julián Mazoy (México) y Jeff Martínez (Colombia), el sindicato fue enfático:
"Fueron sometidos a lo que calificaron como 'tortura psicológica', recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos. Exigimos a las autoridades respeto y garantías para el trabajo de periodistas y medios".
El SNTP también alertó sobre la sistematicidad de estos ataques en el eje Cúcuta-Táchira: "Entre el lunes 5 de enero y este 7 de enero, hemos documentado 6 detenciones y 4 deportaciones en esa frontera. Es un patrón de miedo para que nadie vea lo que ocurre al cruzar el puente".
La comunidad internacional, liderada por organismos como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la SIP, exige que la transición en Venezuela no se construya sobre los escombros de la libertad de expresión. Mientras el petróleo y la política dominan la agenda global, los periodistas en la frontera siguen arriesgando su libertad para que el "apagón informativo" no sea total.
