En seguridad pública es común escuchar nombres que van y vienen. Personas que aparecen en titulares durante algunos días, generan conversación y luego son sustituidas por otras. La reciente detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, identificado por autoridades y medios como El Bótox, liderazgo criminal con presencia en Tierra Caliente, Michoacán, corre ese riesgo: ser leída sólo como un episodio más. Sin embargo, este caso invita a algo que pocas veces hacemos con rigor: mirar el historial completo.
No se trata únicamente de una captura reciente. Sepúlveda Arellano ya había sido detenido en 2018, acusado de homicidio. Recuperó su libertad y, con el paso del tiempo, consolidó una estructura más amplia, más visible y con mayor capacidad de control territorial. Esa trayectoria es clave para entender por qué su detención actual tiene un peso distinto: no es el inicio de una carrera criminal, es un punto tardío dentro de un proceso prolongado.
Uno de los elementos más relevantes del caso es la dimensión familiar. En distintas acciones de autoridad fueron detenidos su pareja, un hijo, una hija y un hermano. No se trata de un fenómeno excepcional, pero sí revelador. En diversas organizaciones criminales que operan en Michoacán y en otras regiones del país, el núcleo familiar ha dejado de ser sólo entorno personal para convertirse en parte funcional de la red, ya sea como resguardo, enlace o extensión operativa. Esto permite comprender que el problema no es un individuo aislado, sino una estructura que se sostiene en vínculos cercanos.
El contexto importa. Michoacán carga con un antecedente que sigue marcando su dinámica de violencia: el proceso inconcluso de las autodefensas. Lo que inició como una reacción comunitaria legítima frente al abandono institucional y la extorsión criminal, en varios casos no logró cerrarse de manera ordenada. Algunas estructuras se fragmentaron, otras fueron absorbidas por organizaciones delictivas y otras más derivaron en nuevas expresiones criminales que retomaron discursos de “orden” o “protección” para legitimar su presencia.
Hay precedentes verificables. Tras la disolución de Los Caballeros Templarios, surgieron grupos como Los Viagras y Cárteles Unidos, que incorporaron exintegrantes de autodefensas y reutilizaron lenguajes comunitarios para ejercer control territorial. En Guerrero, algunos procesos de policías comunitarias cooptadas siguieron rutas similares. No es una regla general ni automática, pero sí un patrón documentado cuando las transiciones quedan a medias.
La exposición pública reciente de Sepúlveda Arellano —incluidos mensajes en video donde se asume como autoridad— rompió una lógica de bajo perfil que durante años permitió operar sin demasiada atención. En un entorno donde la tolerancia a ese tipo de mensajes se ha reducido, esa visibilidad aceleró su captura.
La detención es relevante. Pero su verdadero valor está en lo que permite observar: cómo se forman los liderazgos criminales cuando no se atienden trayectorias completas, cómo las liberaciones tempranas pesan años después y cómo las redes familiares y sociales sostienen estructuras ilícitas.
Conocer estos historiales no es un ejercicio académico ni una curiosidad periodística. Importa porque permite anticipar, no sólo reaccionar. Ayuda a entender por qué ciertos liderazgos reaparecen con mayor capacidad de daño y por qué las capturas aisladas, sin lectura de fondo, rara vez modifican el escenario. Más que celebrar nombres que caen, el reto está en reconstruir las trayectorias que los hicieron posibles. En seguridad pública, esa memoria no busca revancha: busca evitar que los mismos patrones se repitan bajo otros nombres.
