Tequila, Jalisco, es mucho más que el municipio asociado con nuestra bebida nacional. Con una población que supera los 45 mil habitantes y un desarrollo industrial importante —impulsado por la producción que ronda los 500 millones de litros de tequila anuales, según cifras del Consejo Regulador del Tequila en 2024—, se constituye como un pilar económico en su estado. Sin embargo, hoy su nombre se asocia a una realidad muy distinta: la detención de su presidente municipal y dos servidores públicos de su administración, a quienes se les vinculó a proceso por la presunta responsabilidad de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos tales como la extorsión, secuestro y delincuencia organizada.
Partiendo del principio de presunción de inocencia del que gozan estas personas, el caso nos obliga a mirar una problemática más bien estructural. Si las narrativas sobre los actos delictivos presuntamente cometidos por los funcionarios aprehendidos resultan ciertas, no estamos simplemente en presencia de servidores públicos corruptos, sino de algo mucho más siniestro y diferente: delincuentes de tiempo completo con licencia y charola para delinquir.
La situación alcanza niveles de surrealismo que harían palidecer los guiones de Luis Estrada. Ni siquiera en el universo de La Ley de Herodes o El Infierno, Estrada se habría atrevido a presentar una historia de esta naturaleza. Lamentablemente, en México, la realidad supera la ficción.
Que un municipio con este peso industrial, que cuenta con un índice de desarrollo humano alto y que ha sido considerado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, sea gobernado por quienes presuntamente operaban como un "delincuentes de tiempo completo", desmorona cualquier noción de seguridad institucional.
Este fenómeno nos remite inevitablemente a la tragedia de Iguala, Guerrero. Allí, la amalgama entre el poder político y el crimen organizado demostró que cuando un delincuente porta la placa, el Estado se convierte en el brazo ejecutor de la atrocidad. Al igual que en aquellos episodios oscuros, el caso de Tequila evidencia que los partidos políticos y las instituciones electorales están fallando sistemáticamente en sus filtros de control.
Es imperativo reconocer la actuación del Estado al detener a este tipo de personajes, es un logro insoslayable que no debe regatearse en ningún sentido, pero debemos exigir que el Estado cuente con controles que permitan frenar la llegada de este tipo de perfiles al servicio público. El énfasis de la próxima reforma electoral debería desplazarse de la noción de erradicar la pluralidad y concentrar el poder político, hacia la creación de controles de confianza rigurosos y preventivos que permitan que quienes aspiren a un puesto de elección popular no sean en realidad criminales con aspiración de delinquir bajo el auspicio público.
¿Cómo es posible que las instituciones y los partidos políticos no tengan la capacidad —ni la voluntad— de detectar a estos perfiles antes de que aparezcan en la boleta? La democracia no puede seguir siendo el salvoconducto que permita a delincuentes delinquir bajo el amparo de un cargo público. Así, la reforma debiera establecer mecanismos de blindaje que impidan que un delincuente acceda a los cargos públicos, de otra manera seguiremos condenados a gobiernos que, en lugar de servir al ciudadano, se convierten en sus verdugos desde un contexto de ilegalidad institucionalizada.
