La nueva obligación de entregar datos biométricos para contratar una línea de telefonía móvil en México ha abierto un debate profundo sobre privacidad, derechos digitales y el riesgo de espionaje del Estado. Aunque el gobierno justifica la medida como una herramienta para combatir delitos como la extorsión y el fraude, sus costos en libertades individuales y protección de datos son altos y poco discutidos.
El nuevo esquema exige que las líneas celulares estén asociadas a una identidad verificable, que puede incluir documentos oficiales, CURP y verificación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial). La narrativa oficial sostiene que estos datos no se usarán para espiar ni se almacenarán de forma indebida. Sin embargo, en la práctica se crea un padrón centralizado de información altamente sensible, lo que representa un riesgo estructural: una vez recopilados, estos datos pueden ser usados, cruzados o filtrados, incluso más allá de la intención original.
La experiencia mexicana previa refuerza las preocupaciones. Intentos anteriores de registros de usuarios de telefonía no demostraron una reducción clara del delito, pero sí generaron inquietudes sobre privacidad y posibles abusos. Además, Morena tiene un historial documentado de vigilancia ilegal a periodistas y opositores políticos, lo que vuelve especialmente delicada cualquier ampliación de la capacidad del Estado para identificar y rastrear a la ciudadanía.
A nivel internacional, el registro de tarjetas SIM no es exclusivo de México: más de 150 países exigen algún tipo de identificación para contratar telefonía móvil. Sin embargo, la exigencia de biometría es mucho menos común. Sólo un grupo reducido de países en general con regímenes autoritarios —como China, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Venezuela o Emiratos Árabes— ha incorporado huellas o reconocimiento facial al proceso, generalmente vinculándolo a sistemas de identidad nacional. En varios de estos casos, organizaciones internacionales han advertido que estas políticas facilitan la vigilancia masiva y la represión, especialmente donde no existen contrapesos institucionales sólidos. Incluso hay países que han dado marcha atrás tras críticas por riesgos a la privacidad y falta de protección legal.
Otro punto clave es la eficacia real de estas medidas. La evidencia internacional es, en el mejor de los casos, ambigua. No hay pruebas sólidas de que el registro obligatorio con biometría reduzca de manera significativa delitos como la extorsión. Por el contrario, suele generar mercados negros de SIMs, uso de identidades prestadas o falsificadas, y exclusión de personas que no pueden cumplir fácilmente con los requisitos.
Los riesgos son múltiples: 1) vigilancia ampliada, al facilitar la identificación y localización de personas, 2) perfilado y cruce de datos, al vincular la línea telefónica con otras bases gubernamentales, 3) exclusión digital, afectando a migrantes, personas mayores o poblaciones sin documentos y 4) vulnerabilidad a filtraciones, especialmente grave tratándose de datos biométricos, que no pueden cambiarse como una contraseña.
En síntesis, la biometría obligatoria para acceder a la telefonía móvil en México plantea más preguntas que respuestas. Sin garantías fuertes, supervisión independiente y evidencia clara de beneficios, la medida corre el riesgo de convertirse no en una política de seguridad, sino en una herramienta de control y vigilancia incompatible con una democracia que respete la privacidad y los derechos fundamentales.
