Chetumal, QRoo.- Tras el rechazo de su iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum puso al descubierto en su plan B, los privilegios con los que se maneja la partidocracia en México.
Una partidocracia simbolizada por los “representantes populares”, aquellos que hacen de los excesos común denominador, sobre todo en los Congresos de los estados.
Ahí donde, a juicio presidencial, entienden la representación ciudadana como sinónimo de despilfarro con cargo al erario. Tal es el caso de Quintana Roo, donde el tema es además escandaloso.
Según la mandataria, en el Congreso de Quintana Roo, dominado por Morena y sus aliados, cada diputado cuesta al erario alrededor de 21.5 millones de pesos anuales.
Algo así como 537 mil 500 pesos por los 25 legisladores que conforman la representación ciudadana, una declaración no desmentida hasta el momento por alguno de ellos.
Pero no solo es un Congreso caro, resalta la parálisis legislativa, la alta corrupción, el servilismo al Poder Ejecutivo, tanto federal como estatal, y la soberbia.
Además, el gran ausente en este Congreso es el debate; solo acusaciones de corruptelas entre los actores legislativos, por supuesto, a pesar de ello, sin sanciones ni castigos.
Se distingue por sus sesiones rutinarias, con prácticas donde no se cumplen plenamente los principios de transparencia y participación ciudadana, elementos básicos del Parlamento.
Por ejemplo, en la XVIII Legislatura se aprobaron iniciativas impulsadas por el Ejecutivo estatal; tiempo después, fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunas en desacato aún.
Iniciativas violatorias del Estado de derecho, pero aprobadas tal cual, en consenso, por los 15 diputados de mayoría relativa y 10 por representación proporcional, sin observaciones ni modificaciones.
Más de 10 de estas normas fueron modificadas o invalidadas por ley, entre ellas reformas relacionadas con la Ley de Movilidad, el Código Penal, la Ley de Expropiación, así como leyes orgánicas del Poder Judicial, la fiscalía, la Universidad Judicial, la Universidad Autónoma de Quintana Roo y la Ley de Asentamientos Humanos.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo estableció en su análisis que el Poder Legislativo estatal tiene aprobado un presupuesto de 536 millones 378 mil 127 pesos para el ejercicio 2026.
El 69 por ciento de este presupuesto lo absorben en sueldos los 631 empleados, incluye legisladores, por supuesto; otro 14 por ciento es destinado a la ayuda social; 12 por ciento, para servicios generales, y 4 por ciento, para adquisiciones.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, da cuenta de la escasa productividad de la actual Legislatura, apenas 60 por ciento, con 153 sesiones, 337 iniciativas y la aprobación de 202 decretos.
Demasiado pobre, si se considera que que 61 por ciento de los decretos aprobados proviene de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, municipios, el Congreso de la Unión o iniciativas rezagadas.
Es decir, muy poco trabajo legislativo. En lo individual, el asunto es peor, muy pobre el desempeño legislativo. Según el observatorio, el Partido Acción Nacional es claro ejemplo de la parálisis legislativa, con los niveles más bajos.
Particularmente dos de sus diputados Ángel Álvarez Cervera y la diputada Reyna Tamayo Carballo, esta última también dirigente estatal del PAN.
Asimismo, se mencionan legisladores que hasta hoy no presentan iniciativas individuales; el caso de María José Osorio Rosas, del Partido Verde Ecologista de México, y su compañero de bancada, Renán Eduardo Sánchez Tajonar —presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política— y Jorge Armando Cabrera; además del panista Ángel Álvarez Cervera y la morenista Luz Gabriela Mora.
En contraste, el legislador con mayor actividad legislativa es el diputado del Partido del Trabajo Hugo Alday Nieto, quien ha presentado 27 iniciativas, de las cuales 18 son individuales y nueve en conjunto con otros legisladores; cuatro han sido aprobadas como decreto.
El Congreso de Quintana Roo es el único que, con artimañas legaloides, impuso al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Heyden Cebada Rivas, el único en el país no elegido en proceso electoral, como lo estableció la reforma.
Y cómo olvidar que la sociedad civil organizada en el sur impidió que la XVII Legislatura construyera en la explanada del recinto legislativo en Chetumal una cafetería comercial, con los ahorros obtenidos en sus ejercicios fiscales. Así la juegan ellos.
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