La literatura sobre la confianza habla de su importancia para la cooperación y la cohesión social; la confianza en organizaciones e instituciones reduce la incertidumbre y permite anticipar futuro. En los intercambios comerciales, por ejemplo, debe privar la confianza entre las partes. Un clima de desconfianza e incertidumbre limita la toma de decisiones, como se aprecia en el comportamiento observado en el país de la inversión nacional y extranjera.
Por eso son relevantes las tendencias que el INEGI nos reporta mensualmente a través del Indicador de Confianza del Consumidor, el cual promedia cinco indicadores parciales que recogen la percepción sobre la situación económica actual y a 12 meses de los hogares y el país. En este caso, el valor del indicador se ha mantenido en la zona de desconfianza (abajo de los 50 puntos). Su mejor resultado fue de 49.1 puntos en octubre 2024; sin embargo, para noviembre de 2025 su valor era de 44.2 puntos.
A más detalle, el índice de confianza del consumidor en relación con la situación actual del hogar presenta una ligera caída, pero se mantiene ligeramente en la zona de confianza registrando en octubre de 2024 un valor de 52.1 puntos y en noviembre de 2025 uno de 51.2 puntos. A su vez, el índice que mide la confianza del consumidor en el futuro de su hogar de octubre de 2024 a noviembre de 2025 pasó de 60.4 a 57.4 puntos, aún en la zona de confianza, pero a la baja.
Con respecto al país, la situación se percibe diferente; el índice que mide la confianza en la situación actual del país se ubicó en 45.8 puntos en octubre de 2024, en la zona de desconfianza, pero para noviembre de 2025 ya presentaba un valor de 38.1 puntos, 7.7 puntos menos. Igualmente, el índice que mide la confianza del consumidor en el futuro del país redujo su valor de 55.0 a 43.8 puntos, 11.2 puntos menos, pasando de un valor positivo de confianza a otro de desconfianza. Estos resultados indican que pese a la popularidad del gobierno algo no va bien; la percepción de los consumidores captada no es favorable, por lo que la administración habría de reflexionar sobre ello. ¿Habrá capacidad y voluntad para analizar hechos que contradicen el discurso gubernamental?
