La pregunta final no es geopolítica sino moral. ¿Queremos un mundo gobernado por intereses que se declaran “realistas” pero producen inseguridad permanente? ¿O queremos reinstalar la idea —mínima, imperfecta, imprescindible— de que hay líneas rojas que no se cruzan?
En 2026, cada día trae una noticia límite: una intervención, una revolución que arranca, un giro autoritario, una escalada militar. Se habla mucho de hacia dónde vamos. Pero la pregunta que debería ordenar la conversación —y que casi siempre evitamos— es otra: ¿cómo fue que llegamos aquí?
Mi respuesta no es conspirativa: llegamos aquí porque, durante décadas, cambiamos principios por intereses. No de una vez, sino por goteo. Cada vez que la arbitrariedad se tolera “por pragmatismo”; cada vez que una institución sacrifica garantías por “eficiencia”; cada vez que un Estado relativiza el derecho internacional en nombre de la estabilidad, la seguridad o el comercio. El daño no está solo en la violación, sino en su normalización.
Eso explica por qué tantos académicos hablan de “desplazamiento democrático”. No es el golpe clásico, con tanques y comunicados. Es un proceso más corrosivo: erosión del Estado de derecho; captura de tribunales y órganos de control; elecciones sin competencia real; emergencia como modo de gobierno; propaganda en lugar de rendición de cuentas; y una retórica binaria —“los buenos” contra “los enemigos”— que cancela la deliberación pública.
El puente con el plano internacional es directo: cuando el orden democrático interno se degrada, también se aflojan los frenos externos. Las reglas globales pasan de ser límites a ser herramientas selectivas, y el vocabulario de los derechos humanos se usa por conveniencia. Así, lo “inaceptable” se vuelve “lamentable”; lo “prohibido” se vuelve “discutible”; y lo “urgente” se vuelve “complejo”. La diplomacia aprende a convivir con la violación sistemática, y el mundo con su propia contradicción: invocar normas para sentirse civilizado y traicionarlas para seguir funcionando.
Casos como el de Venezuela —degradación institucional sostenida— o el de Irán —disputa abierta entre sociedad y régimen—, con trayectorias distintas, no son episodios periféricos. Son espejos. Nos muestran lo que sucede cuando el costo de transigir se paga a plazos: hoy se tolera una arbitrariedad “por razones estratégicas”; mañana se descubre que la arbitrariedad ya es el sistema. Y entonces llega la pregunta incómoda: ¿qué estamos dispuestos a comprar con nuestros silencios?
La cuestión, además, no es abstracta. Cuando los principios se vuelven moneda, la factura llega en forma de incertidumbre: reglas impredecibles, vidas convertidas en variables de negociación, minorías expuestas, oposiciones sin protección, periodistas sin refugio. El “realismo” que presume pragmatismo termina produciendo un mundo menos gobernable y más violento.
La pregunta final no es geopolítica sino moral. ¿Queremos un mundo gobernado por intereses que se declaran “realistas” pero producen inseguridad permanente? ¿O queremos reinstalar la idea —mínima, imperfecta, imprescindible— de que hay líneas rojas que no se cruzan? El nuevo desorden global no se entiende sin esta autopsia: no nos ocurrió; lo fuimos permitiendo.
Exigir consistencia cuando se invoca el derecho internacional y los derechos humanos; negarse a normalizar la excepción; no premiar la propaganda; sostener, donde toque, la rendición de cuentas. Esa negativa se juega hoy en las calles de Irán y en la disputa democrática venezolana.
