El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de la Presidencia de la República que establece una serie de estímulos fiscales para la industria cinematográfica en nuestro país. Más allá del relumbrón del evento mediático, donde actores y políticos posaron para las cámaras, la puesta en marcha de esta política resulta interesante por dos razones fundamentales. En primer lugar, implica un esquema de quid pro quo donde los empresarios reducen su carga tributaria a cambio de que el gobierno asegure una derrama económica de relevancia para la zona o el lugar donde se lleve a cabo la producción de que se trate. En segundo lugar, representa el regreso a elenco principal de incentivos que prácticamente habían sido relegados durante el sexenio pasado bajo la premisa de separar el poder económico del político. Este segundo aspecto me parece más relevante e importante aún, la posibilidad de alentar a la iniciativa privada con revulsivos que permitan revolucionar la economía y, sobre todo, mostrar públicamente la cooperación entre gobierno y sector privado.
La mecánica del beneficio consiste en otorgar un estímulo fiscal de hasta 40 millones de pesos por cada producción cinematográfica que cumpla con los requisitos, destinando para este fin una bolsa anual de hasta 400 millones de pesos.
Sin embargo, el diablo suele estar en los detalles de la ejecución. Las decisiones sobre el destino de los recursos de este programa serán tomadas por un comité integrado por un representante de las siguientes dependencias federales: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto de Cinematografía y la Secretaría de Cultura. Resulta llamativo que sólo los dos primeros integrantes tendrán derecho a voz y voto, mientras que el representante de la Secretaría de Cultura únicamente contará con voz. Esta estructura genera una disonancia importante, ya que, ante un eventual empate, la persona representante de la Secretaría de Hacienda tendrá el voto de calidad, aun cuando parecería que técnicamente no sería la más ilustrada en el tema que nos ocupa. Es de esperarse que esta facultad no se traduzca en un sesgo ideológico o político que condicione el apoyo, evitando que el estímulo se convierta en un beneficio exclusivo para los grupos cercanos al poder.
A pesar de estos riesgos, debemos otorgar un voto de confianza a este tipo de políticas públicas que, al menos en el papel, buscan impulsar una industria tan vital como la cinematográfica; ojalá y sea el inicio de una serie de beneficios y estímulos en otras industrias. Sería deseable que esfuerzos similares se replicaran en otras disciplinas artísticas, como el teatro, para potenciar la economía y, al mismo tiempo, promover nuestra cultura. Para profundizar en el enfoque real de esta iniciativa, será crucial conocer las reglas de operación, esperando que no se olvide al cine independiente y experimental en favor de las ya acaudaladas plataformas de streaming. Al final del día, no todo en la gestión pública debe ser objeto de crítica; existe un espacio necesario para que el guion sea el diálogo y la construcción de un futuro más promisorio para el arte en México.
