En La Paz y otras ciudades se han registrado choques con la policía, uso de gases lacrimógenos y detonaciones por parte de grupos mineros
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En La Paz y otras ciudades se han registrado choques con la policía, uso de gases lacrimógenos y detonaciones por parte de grupos mineros
La crisis económica y social en Bolivia entró en su tercera semana de protestas con bloqueos, marchas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en distintas regiones del país.
Trabajadores del transporte, sindicatos mineros, campesinos y organizaciones obreras exigen aumentos salariales y medidas urgentes frente al encarecimiento del costo de vida, la escasez de combustible y la falta de dólares que afecta a la economía boliviana.
Las movilizaciones comenzaron a principios de marzo con reclamos del sector transporte por la mala calidad de la gasolina y los retrasos en compensaciones gubernamentales.
Posteriormente se sumaron sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), cooperativistas mineros y organizaciones rurales, ampliando las demandas hacia incrementos salariales de hasta 20% y el rechazo a medidas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz.
En La Paz y otras ciudades se han registrado choques con la policía, uso de gases lacrimógenos y detonaciones de dinamita por parte de grupos mineros durante las protestas frente a edificios gubernamentales. Las autoridades desplegaron miles de efectivos de seguridad y reportaron decenas de detenidos en operativos para liberar carreteras y contener bloqueos que han paralizado parcialmente el suministro de alimentos, combustibles y servicios básicos.
La tensión aumentó luego de que el gobierno impulsara reformas económicas orientadas a reducir subsidios y contener el déficit fiscal en medio de una fuerte presión inflacionaria.
Analistas locales atribuyen la situación a la caída de las reservas internacionales, la reducción de la producción gasífera y el aumento del gasto público destinado a subsidios energéticos.
Aunque el Congreso boliviano derogó recientemente una polémica reforma agraria conocida como Ley 1720 para intentar desactivar el conflicto social, las protestas continuaron y derivaron en nuevas exigencias, incluida la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Sectores sindicales y campesinos sostienen que la derogación no resuelve el deterioro económico ni la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
El presidente Paz defendió su estrategia económica y reiteró que no cederá ante las movilizaciones. El mandatario argumenta que las medidas de ajuste son necesarias para estabilizar la economía y recuperar la confianza de los mercados, mientras acusa a grupos opositores y aliados del expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar al gobierno.
La crisis ocurre apenas seis meses después de la llegada de Rodrigo Paz al poder tras dos décadas de gobiernos vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS). Su administración ha impulsado una agenda económica más cercana al mercado y ha enfrentado resistencia de organizaciones sindicales e indígenas históricamente influyentes en la política boliviana.
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