Penalistas y legisladores coinciden en que estos presuntos delitos se investiguen porque se trata de una "noticia criminal" y amerita también posibles sanciones por omisión
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Penalistas y legisladores coinciden en que estos presuntos delitos se investiguen porque se trata de una "noticia criminal" y amerita también posibles sanciones por omisión
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación jurídica de citar a Julio Scherer Ibarra e iniciar una investigación penal por las revelaciones de su libro Ni venganza ni perdón, en las que expone la colusión de políticos de Morena y el crimen organizado, así como el desvío de miles de millones de pesos del erario, advirtieron penalistas y expertos anticorrupción consultados por La Aurora de México.
De conformidad con la fracción V del artículo 400 del Código Penal Federal (CPF) y el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador pudo haber incurrido en una omisión legal aun como testigo de los ilícitos que atribuye a personajes como Jesús Ramírez y Mario Delgado.
Según la normativa penal vigente, Scherer Ibarra estaba obligado a denunciar los abusos de poder, delitos y diversos actos de corrupción que narra, no solo para frenarlos, sino para evitar caer él mismo en el terreno del encubrimiento o la coparticipación.
El penalista Alberto Javier Sánchez Rojas afirmó que ni siquiera es necesaria una querella para que la FGR inicie una carpeta de investigación en torno a las denuncias públicas que contiene Ni Venganza ni perdón.
Sostuvo que la fiscalía debe iniciar una investigación, incluso cuando Jesús Ramírez -exvocero de AMLO- anunció que no procederá legalmente en contra de Scherer Ibarra, ya que esto va más allá de la elección personal del actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum de no interponer denuncias en los ámbitos civil ni penal.
El abogado -quien ha llevado casos relevantes, entre ellos la defensa de Rosario Robles- señaló que el artículo 212 del CNPP establece la obligación del Ministerio Público de investigar un hecho delictivo en cuanto tenga conocimiento del mismo -lo que se conoce como “noticia criminal”-, lo que encuadra en este caso por la difusión del propio libro y su difusión mediática.
Consideró que la FGR debe citar a Scherer Ibarra y abrir una o varias carpetas para investigarlo a él y a las personas a las que relaciona con algún posible acto delictivo, porque las conductas que se denuncian en el libro son “oficiosamente perseguibles”.
“Debe ser citado, no por el hecho de ser autor del libro, sino para indagar hasta una posible participación o encubrimiento en lo que relata, ya que cualquier funcionario que tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito tiene obligación de denunciarlo ante la autoridad ministerial”.
Aclaró que corresponde a la FGR hacer una clasificación de los delitos que pudieran configurarse a partir de las revelaciones del exconsejero jurídico.
Vania Pérez Morales, presidenta saliente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aseguró que, sin prejuzgar respecto a las personas mencionadas en el libro de Julio Scherer Ibarra, la FGR tiene que abrir una indagatoria por "noticia criminal", lo que no necesariamente implica que en estos momentos se puedan señalar culpables o responsables.
“Cuando se inicia una investigación eso es justo lo que da certeza a las instituciones, es lo que da legalidad y confianza a la ciudadanía, no importa que estos delitos sean o no ciertos, sino con el solo hecho de investigar, sin condenar, se da la sensación de certeza jurídica sin tener un sesgo.
“Aunque llama la atención de que salen estas declaraciones años después de que sale Julio Scherer de la consejería jurídica y hace señalamientos a servidores públicos del círculo cercano del partido en el poder, pero pareciera que utiliza esto para exculparse y luego hay ataques en otros libros hacia su persona”.
Indicó que estamos ante una serie de acusaciones relevantes que deben ser investigadas; sin embargo, no se puede permitir en estos momentos que quienes gobiernan en México tengan la mínima sospecha de haber cometido ilícitos o actos de corrupción.
El artículo 222 del CNPP establece: “quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere…”.
La fracción V del artículo 400 del Código Penal Federal señala que en incurre en el delito de encubrimiento quien “no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo…”
Senadores del PAN y PRI exigieron abrir una investigación de oficio por el contenido del libro Ni venganza ni perdón del ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Muchos de los hechos que ahí se señalan, dijo la panista Guadalupe Munguía, justifican investigaciones de oficio, porque están contadas por una persona que conoció de primera mano la información de Palacio Nacional.
Dijo que lo contado por Scherer al periodista Jorge Fernández Menéndez debe ser objeto de pesquisa y, de ser el caso, proceder en contra de la persona directamente señalada que es el ex vocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, señaló que el coordinador de Asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene carpetas abiertas en Nueva York y Texas, por lo que debe ser citado por la Fiscalía General de la República.
Exigió que no haya impunidad en este caso, porque todo indica que es la persona que le abrió las puertas para que el huachicol se organizara desde Palacio Nacional.
“No es un asunto menor lo dicho por Julio Scherer quien fue el hombre más cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo está diciendo con base y con fundamento; es decir, Jesús Ramírez está involucrado en el tema de la cercanía con Sergio Carmona, en el tema del huachicol”, indicó.
Ese dinero ilícito, agregó, se destinó a campañas electorales de los ahora gobernadores de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, según se relata en el libro, señaló el priista.
“Aquí no se puede patear el bote, se necesitanmuchas más respuestas por parte del gobierno que solamente evasivas”, indicó.
Finalmente, el panista Francisco Ramírez Acuña, aseveró que en este caso no debe haber impunidad y todo lo que se señala en el libro se tiene que investigar.
No pueden seguir mintiendo, como hoy lo hacen, para actuar con impunidad desde el poder. “Se tiene que investigar haya o no haya denuncia”, refirió.
Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya Mota afirmó que la presidenta de la República debe ordenar investigaciones formales tras los señalamientos contenidos en el libro. En entrevista para La Aurora de México, la legisladora sostuvo que el contenido del texto amerita denuncias y no debe quedarse en el ámbito editorial.
La senadora hizo referencia a un grupo al que el propio autor denomina “los puros”, en el que ubica a funcionarios como Jesús Ramírez Cuevas y otros integrantes del gabinete. Según expuso, el libro describe presuntas decisiones sin sustento técnico que habrían generado afectaciones presupuestales, incluyendo montos destinados a medios de comunicación y resoluciones en materia energética. “Esto no se puede quedar en un libro, en una telenovela política… los señalamientos que está haciendo son tan graves que merecen ser acompañados de una denuncia”, expresó.
Anaya también sostuvo que podrían explorarse instancias internacionales en temas como el llamado huachicol fiscal. “A ver, el tema del huachicol fiscal, que es una trama internacional, eso puede denunciarse en un tribunal americano”, dijo. En ese contexto, mencionó la necesidad de que las autoridades competentes revisen posibles responsabilidades administrativas o penales.
Sobre la responsabilidad del propio Scherer, la legisladora indicó que en el servicio público existen sanciones por omisión. “En la función pública también hay sanciones por omisión, que es cuando tú sabes que está sucediendo algo y te callas, y lo dejas pasar”, afirmó. Agregó que si el exconsejero cuenta con documentación, debería presentarla ante las instancias correspondientes.
La senadora planteó que el libro expone una guerra fraticida en el poder. “Mientras estaban contentos, disfrutaban del poder, se corrompían juntos, hacían negocios, y en cuanto empiezan a haber fricciones, yo me llevo la parte que sé de ti y la expongo, y así cada quien está exponiendo la parte que sabe del otro”, declaró.
Al final, llamó a una reacción social frente a los señalamientos. “¿Nada más vamos a hacer como comidilla y escarnio diario de los escándalos del gobierno?”, cuestionó. Sostuvo que corresponde a la presidenta ordenar investigaciones sobre todos los implicados y que quienes tengan pruebas deben presentarlas ante las autoridades competentes.
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