Del total de víctimas, 34 eran policías municipales, 32 elementos de la Guardia Nacional y 20 policías estatales
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Del total de víctimas, 34 eran policías municipales, 32 elementos de la Guardia Nacional y 20 policías estatales
En lo que va de 2026, al menos 86 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México, de acuerdo con el seguimiento hemerográfico realizado por la organización Causa en Común, en coordinación con una red de periodistas especializados en temas de seguridad.
Del total de víctimas, 34 eran policías municipales, 32 elementos de la Guardia Nacional y 20 policías estatales, lo que refleja la persistencia de la violencia contra las corporaciones encargadas de la seguridad en el país.
Según el reporte, Jalisco se ubica como la entidad con el mayor número de agentes asesinados, con 29 casos, muy por encima de otros estados. Le siguen Morelos, con 9; Estado de México, con 6; y Michoacán, Sinaloa y Guanajuato, con 5 casos cada uno.
Tan sólo en la semana del 13 al 19 de marzo de 2026, se documentaron al menos cuatro asesinatos de agentes de seguridad pública en distintas entidades del país: Baja California Sur, Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz, con un caso en cada una.
El informe también advierte que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 19 de marzo de 2026, han sido asesinados al menos 528 agentes de seguridad pública, una cifra que da cuenta del alto nivel de riesgo que enfrentan policías y elementos de fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.}
En el recuento correspondiente a 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados, un promedio de uno cada día, además de un incremento de 9 por ciento respecto a los casos registrados en el mismo periodo de 2024.
Durante ese año, los estados con más policías asesinados fueron Sinaloa, con 48 casos; Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34; y Veracruz, con 24.
Las cifras recopiladas por la organización civil muestran que la violencia contra policías, guardias nacionales y agentes estatales se mantiene como una constante en diversas regiones del país, en un contexto marcado por la disputa entre grupos criminales, la fragilidad institucional y los desafíos para garantizar condiciones mínimas de seguridad a quienes integran las corporaciones.
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