El pasado 1 de febrero se instaló el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Este acto solemne, que congrega a los 628 legisladores federales marca el inicio de lo que será una discusión técnica y política de alto calado: la ineludible próxima reforma electoral. Con esta propuesta se completaría el autodenominado plan C de Morena. Se trata, por mucho, de la iniciativa más trascendente (para mal) de lo que va del sexenio actual, cuyo impacto institucional podría ser tan devastador como el de la reciente reforma al Poder Judicial.
Hace unos días conmemoramos el 109° aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Es oportuno recordar que el Congreso Constituyente de Querétaro, integrado por cerca de 200 representantes de ideologías diversas, logró en apenas 60 días plasmar un acuerdo nacional sobre algunos de los derechos fundamentales de mayor arraigo en nuestra Constitución: educación, trabajo, libertad de conciencia y propiedad, entre otros. Aquel esfuerzo intenso nació del diálogo, no sin dificultades, entre visiones del país encontradas que entendieron que la Ley Fundamental requiere de consenso para tener legitimidad.
Sin embargo, no todas las reformas constitucionales actuales parecen abrevar de esa fuente deliberativa. La Constitución nos define como una República representativa, lo que obliga a maximizar el principio de pluralidad en los órganos de decisión. La experiencia reciente con el Poder Judicial de la Federación nos sirve como advertencia. En aquel proceso, incluso voces internas —incluyendo ministros de la Suprema Corte nombrados bajo la administración de Morena— señalaron los riesgos de una reforma que atropellara la autonomía de un poder. Esas advertencias fueron ignoradas en aras de un avasallamiento político. Hoy vemos los magros resultados de tan infame reforma.
Ahora nos encontramos en una encrucijada aún más delicada. Se pretende modificar no sólo la fisionomía política del Congreso bajo la narrativa de reducir el número de legisladores y con ello los costos asociados. No obstante, al debilitar la figura de la representación proporcional (los plurinominales), se silenciaría y estrangularía la pluralidad política en nuestro país, impulsada desde la reforma político electoral de 1977. Resulta paradójico que algunos de los principales impulsores de esta aniquilación a la representación y pluralidad política fueron, en su momento, beneficiarios directos de esa misma figura para acceder al poder.
Es imperativo articular una defensa técnica y ciudadana de nuestra democracia, algunas voces ya se han empezado a escuchar. No permitamos que, en unos años, las generaciones futuras nos reclamen la falta de visión y la entrega de la pluralidad en el altar de la hegemonía política.
