La presidenta Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma constitucional que se propone fijar un límite máximo a las pensiones que reciben 94 mil 333 exfuncionarios públicos de “altos mandos de confianza”, que cuestan 96 mil 306 millones de pesos anuales, lo que se traduce en un promedio de 85 mil pesos por persona al mes, de manera que la mayor parte estaría en montos bastante cercanos al nuevo tope de 50% del sueldo presidencial (aproximadamente 70 mil pesos); por lo que 95% de la erogación se seguirá realizando.
Con esta medida se ahorrarían 5 mil millones de pesos al año; lo que equivale a menos de 1.0% de lo previsto en el PEF 2026 para las “pensiones del Bienestar” y apenas0.5% del presupuesto para programas sociales. Son ahorros que sin duda suman, pero que, más allá de sus méritos en términos de control de privilegios, no hacen gran diferencia en términos de las capacidades del Estado para enfrentar la problemática de las pensiones, que es especialmente acuciante y seria.
México está sentado sobre una bomba de tiempo demográfica, como lo indica el que pasará de poco menos de 14 millones de personas de 65 años y más en 2026 a 32 millones en 2050; pero además con una población en edad de retiro que crece muchísimo más rápido que la población en edad de trabajar. A esto hay que sumar que la esperanza de vida de las personas de 65 y más ha pasado de 15.6 años en 1980 a 19.3 en 2025 y se espera que llegue a 21.8 años en 2050.
En México 6 de cada 10 trabajadores tienen empleos informales por lo que o nunca cotizaron en la seguridad social contributiva o lo hicieron por muy corto tiempo. Además, si nos enfocamos en el sistema basado en el ahorro para el retiro, las pensiones ofrecen apenas una fracción muy menor del valor del ingreso que se obtenía mientras se trabajaba; que difícilmente supera 40%. Para terminar de complicar el escenario, tenemos que la financiación de las pensiones se ha vuelto una carga fiscal cada vez menos sostenible, al punto que implica una presión de gasto tan relevante como la educación y la salud públicas federales combinadas, haciendo cada vez más evidente el dilema de si gastar en las nuevas o en las viejas generaciones.
Así las cosas, con una población que envejece rápidamente, una mayoría de los trabajadores fuera del sistema de seguridad social contributiva, pensiones raquíticas y una capacidad cada vez menor del Estado para sostener la viabilidad financiera del sistema, se antoja pertinente enfocar las baterías de la política pública más hacia el león que nos acecha que a la mosca que nos molesta. Hoy en día hay 5.2 millones de personas con pensiones contributivas, de manera que existen cerca de 9 millones de adultos mayores en edad de jubilación que no tienen una pensión. Quizás luego de la reforma constitucional se pueda girar la atención de las contadas pensiones millonarias (son 6 mil 297 pensionados que reciben más que la presidenta) a los millones de personas sin pensión.
