Un complejo turístico, 17 empresas y cinco individuos fueron sancionados por las autoridades estadounidenses
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Un complejo turístico, 17 empresas y cinco individuos fueron sancionados por las autoridades estadounidenses
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por narcotráfico y terrorismo a un complejo turístico, 17 empresas y cinco individuos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Riviera Nayarit.
La medida ejecutada implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con ciudadanos o instituciones financieras estadounidenses, según la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
La mayoría de las personas y entidades operan desde o en las inmediaciones de Puerto Vallarta, un destino turístico que también sirve como un bastión estratégico para el CJNG.
“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, sostuvo Scott Bessent, secretario del Tesoro.
La OFAC informó que impuso sanciones contra Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido en Puerto Vallarta. La medida también fue aplicada a su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes.
Además, el empresario es señalado por tener una estrecha relación con Michael Ibarra Diáz Jr, quien anteriormente fue designado por la OFAC al facilitar las ventas de tiempo completo a turistas estadounidenses y canadienses.
Entre los sancionados destacan: Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”; José Luis Gutiérrez Ochoa, “Tolín”; Jonathan Faustino Ríos González, “Jonny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez, por sus vínculos con los líderes del crimen organizado.
Algunas de las empresas sancionadas son Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV, Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV y Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV.
La dependencia informó que el sistema operaba a través de centros de llamadas en México (call centers), donde operadores que hablaban inglés fluido contactaba a propietarios estadounidenses de tiempo compartido para ofrecer supuestas rentas, inversiones o reventas.
A las víctimas se les exigía el pago anticipado de supuestas “cuotas” e “impuestos” a través de transferencias internacionales hacia cuentas en México; sin embargo, esos recursos jamás eran recuperados.
El FBI informó que, entre 2019 y 2023, cerca de seis mil personas en Estados Unidos fueron víctimas de dicho fraude, con pérdidas que rondaban los 300 millones de dólares.
Según la información difundida por el Tesoro, los criminales también implementan estafas de revictimización; es decir, los estafadores se hacían pasar por bufetes de abogados, alegando que podían iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar fondos perdidos por una tarifa por adelantado.
En otros casos, los estafadores se hacían pasar por funcionarios del gobierno, alegando que las víctimas han participado en transacciones sospechosas y exigiendo “multas” para liberar sus fondos o enfrentar el riesgo de prisión.
Solo en 2024, el Centro de Quejas contra el Crimen en Internet del FBI recibió casi 900 quejas sobre esquemas de fraude de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones de dólares.
La investigación estuvo coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en Nueva York, con participación del FBI, la DEA, la oficina de investigación criminal del IRS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este jueves que incluyó en la lista de personas bloqueadas a seis sujetos y a una empresa adicionales a las que sancionó este jueves Estados Unidos por una trama de fraude con tiempos compartidos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"La ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos", añadió la dependencia.
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