Hoy el escándalo son las privaciones de la libertad, los secuestros masivos. Los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa. Las cinco personas levantadas en Ahome. Pero si uno revisa con calma los reportes policiales que circulan en fuentes abiertas, el panorama es más amplio y más inquietante. No es un hecho aislado. Son múltiples eventos en distintas regiones del país con patrones similares, grupos de trabajadores interceptados, personas privadas de la libertad en carreteras, hombres que no regresan a casa. No todos alcanzan titulares nacionales. Muchos se quedan en notas locales y otros ni siquiera llegan a publicarse.
Detrás del dolor humano, que es lo primero y lo más importante, hay una pregunta incómoda que el país evita formular con seriedad. ¿Qué está cambiando en la dinámica criminal para que estos eventos comiencen a multiplicarse? Cuando las privaciones de la libertad dejan de ser episodios selectivos y se convierten en eventos grupales, sistemáticos y geográficamente dispersos, no estamos frente a casualidades. Estamos frente a una señal. Y las señales en materia de seguridad rara vez aparecen por accidente.
Un fenómeno similar se vivió hace décadas en Colombia con el Cártel de Medellín. Durante años, Pablo Escobar no sólo construyó una red criminal eficiente; construyó un sistema de relaciones basado en cooptación política, infiltración institucional, protección local, financiamiento de campañas e intimidación selectiva. No era únicamente un actor ilegal enfrentado al Estado, era parte de un equilibrio distorsionado que combinaba corrupción, miedo y conveniencia. Ese equilibrio funcionó mientras fue útil para todos los involucrados.
Pero cuando la presión de Estados Unidos se volvió constante y la extradición dejó de ser negociable, el margen de ambigüedad se redujo. El Estado colombiano ya no pudo administrar la coexistencia y el sistema informal de protección comenzó a colapsar. Lo que siguió no fue improvisación, fue reconfiguración violenta. Secuestros de alto impacto, atentados visibles, violencia de presión. No era violencia sin sentido, era una estrategia para alterar incentivos, elevar el costo político de perseguirlos y renegociar desde el miedo. La lección estratégica es clara, cuando un sistema de corrupción estructural se ve forzado a reacomodarse por presión externa, el crimen no desaparece, se reconfigura. Y en esa transición suele escalar la violencia.
Veamos ahora a México con serenidad. Durante décadas el narcotráfico operó bajo distintos equilibrios, algunos más centralizados, otros fragmentados, pero siempre con un factor constante, el flujo financiero del mercado estadounidense. Mientras ese flujo fue suficiente, el modelo se sostuvo. Sin embargo, cuando el entorno internacional cambia y el narcotráfico se convierte en tema político y electoral en Estados Unidos, las muertes por sobredosis escandalizan al colectivo social; eso se traduce en mayor presión sobre el control fronterizo, revisiones más estrictas, vigilancia financiera más intensa, tensión en las cadenas de suministro de precursores y rutas más riesgosas. Si además el mercado del fentanilo se vuelve más volátil o menos rentable, el ingreso tradicional se comprime. No desaparece, pero deja de ser suficiente.
Y cuando deja de ser suficiente, la estructura criminal necesita compensar, sobre todo cuando además enfrenta conflictos internos como ha ocurrido con el Cártel de Sinaloa. Entonces la ecuación cambia. La nómina ya no es sólo para sostener la operación cotidiana de la organización; también es para financiar una guerra interna. Eso implica duplicar estructuras, blindar territorios, rearmarse, comprar lealtades y sostener células paralelas. Una fractura interna eleva los costos y acelera la urgencia financiera. Si al mismo tiempo el ingreso externo se reduce, el déficit se vuelve inevitable.
En ese contexto, la compensación más rápida no está en el mercado internacional sino en la economía local. En la mina, en la carretera, en el transporte, en el comercio, en quienes producen y generan riqueza. No es ideología, es flujo de caja. Si a esto se suma debilitamiento institucional, menor capacidad de investigación, corrupción persistente y en algunos territorios franca cooptación política, el escenario se vuelve todavía más delicado. La organización que ya no puede financiarse exclusivamente del trasiego internacional comienza a financiarse de la economía formal mediante secuestro, extorsión, cobro de piso y privaciones masivas de la libertad. No como excepción, sino como mecanismo.
Cuando el narcotráfico ya no alcanza, el conflicto deja de ser exclusivamente entre grupos criminales y se convierte en presión directa sobre la sociedad productiva. Ese es el punto de quiebre. Porque cuando la violencia se transforma en instrumento de financiamiento interno, nadie queda al margen. Lo que hoy ocurre en una mina puede mañana repetirse en un campo agrícola, en una empresa de transporte o en una carretera cualquiera.
No estamos frente a un escándalo pasajero. Estamos frente a un cambio de fase. Y cuando los conflictos criminales cambian de fase, el costo humano suele aumentar antes de disminuir. Ignorar esa señal sería un error estratégico. Y los errores estratégicos en materia de seguridad, en México, siempre terminan pagándose con vidas.
