Por Nancy Escobar
Con una votación mayoritaria y marcada por protestas y críticas intensas, el Congreso de la Unión aprobó en días recientes la Ley General de Aguas junto con reformas profundas a la Ley de Aguas Nacionales. El Senado ratificó el dictamen el 5 de diciembre, con 85 votos a favor y 36 en contra, tras una discusión rápida que desestimó la mayoría de reservas a los artículos presentados por la oposición, y lo remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y mañana viernes 12 de diciembre entra en vigor formalmente.
Lo aprobado constituye una reconfiguración del marco jurídico del agua en México. En esencia, el nuevo ordenamiento refuerza el carácter del agua como un derecho humano, prioriza su uso doméstico y personal por encima de otros usos productivos y establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será la autoridad central encargada de asignar y reasignar los permisos y concesiones para el uso del recurso.
Entre los cambios más polémicos está la prohibición de transferir derechos de agua entre particulares, de modo que ya no podrán heredarse, venderse o arrendarse fuera de los mecanismos oficiales de reasignación técnica, lo que representa un quiebre respecto a la lógica del mercado que prevalecía antes de la reforma.
La ley fue discutida y aprobada en un clima tenso. En la Cámara de Diputados, el dictamen pasó con 328 votos a favor y 131 en contra después de casi ocho horas de sesión, mientras grupos de agricultores mantenían bloqueos y caravanas de tractores en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro como forma de presión.
El respaldo de la mayoría legislativa fue interpretado por sus promotores como un paso necesario para recuperar la rectoría del Estado sobre un recurso vital que, argumentan, fue tratado como mercancía durante décadas y sujeto a prácticas que favorecieron a pocos en detrimento del acceso social.
Sin embargo, esta narrativa ha sido fuertemente cuestionada por productores agrícolas, organizaciones campesinas y partidos de oposición.
Críticos señalan que la reforma no nació de un diálogo incluyente con los sectores afectados, sino de un proceso acelerado y, según ellos, con una “narrativa engañosa” utilizada por el oficialismo para justificar cambios que, en la práctica, centralizan el control del agua en la federación y cristalizan incertidumbre jurídica sobre derechos de uso que antes eran vistos como parte del patrimonio de las tierras rurales.
Para los productores agrícolas, el impacto es directo y grave, ya que al dejar de existir la transmisión libre de concesiones vinculadas a la tierra, muchas familias de campesinos consideran que perderán un derecho que históricamente les permitió asegurar la viabilidad de sus cultivos y sus medios de subsistencia.
En estados como Quintana Roo, esto ya ha generado movilizaciones y protestas, con productores expresando que la ley funciona como un instrumento que puede apropiarse del agua a través de mecanismos administrativos y fiscales, y no como una garantía de acceso equitativo.
La percepción generalizada entre estos grupos es que la nueva ley no solo elimina la seguridad sobre recursos hídricos, sino que los deja a merced de la discrecionalidad de las autoridades, lo que podría desvalorizar tierra agrícola y reducir la competitividad del campo.
Para la población urbana y rural en general, los defensores de la ley argumentan que reordenar el uso del agua y priorizar su consumo humano y doméstico puede traducirse en una mejora de la cobertura y calidad del servicio, y en una respuesta más firme a la crisis hídrica que afecta amplias regiones del país.
No obstante, hay quienes advierten que, sin inversión real en infraestructura, tecnificación y gestión eficiente, el cambio normativo por sí solo no resolverá los problemas de fondo, como fugas en redes urbanas, sistemas de riego ineficientes o la falta de capacidades técnicas en instancias como la Conagua.
