Injustificado ocultar información del descarrilamiento hasta después de las elecciones de 2030

Con información de Ignacio Alzaga 

La decisión del organismo público Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de reservar hasta 2031 toda la información relacionada con el descarrilamiento de la Línea Z del Tren Interoceánico, ocurrido en 2025 y que dejó 14 personas muertas, ha sido calificada por especialistas en derecho como excesiva, injustificada y potencialmente ilegal.

Bajo el argumento de Seguridad Nacional, la dependencia notificó al diario El Universal en respuesta a una petición de transparencia, que determinó clasificar por cinco años los documentos vinculados al siniestro para evitar sabotajes y actos ilegales contra el sistema de transporte.

Sin embargo, abogados consultados por La Aurora coinciden en que esta medida no cumple con los criterios constitucionales ni legales que permiten limitar el acceso a información pública, y advierten que podría utilizarse para acomodar la versión oficial de los hechos.

El abogado Gabino González, colaborador de este diario, señaló que la figura de Seguridad Nacional no puede aplicarse de manera discrecional. “No es un concepto que se pueda usar de forma arbitraria. Esta reserva podría ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, hoy no existe un contrapeso efectivo como lo fue el INAI, que ya no opera”, explicó.

Para el penalista Adrián Arellano, la clasificación de la información hasta 2031 resulta desproporcionada y genera sospechas sobre la conducción de la investigación. “Es una medida excesiva que puede servir para ‘cuadrar’ la narrativa oficial del accidente”, afirmó.

En entrevista, Arellano advirtió que la reserva podría tener efectos directos en procesos legales en curso. Detalló que en enero de 2026 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en representación de una familia que resultó lesionada en el descarrilamiento, y que la falta de acceso a la información limita el esclarecimiento de responsabilidades.

“Es un tema de transparencia. Puede haber información que se resguarde por razones legítimas, pero impedir el acceso a datos clave sobre las condiciones de operación, mantenimiento o aseguramiento del tren resulta injustificable”, sostuvo.

Agregó que existen indicios que no encajan plenamente en la versión oficial, como posibles irregularidades en la contratación de seguros, lo que refuerza la necesidad de una investigación abierta y verificable.

En el mismo sentido, el abogado Jesús Alberto Guerrero, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), calificó la reserva de información como una muestra de “oscurantismo gubernamental”, al anteponer una supuesta protección de datos sensibles por encima del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad.

Guerrero consideró contradictorio que el gobierno justifique la reserva bajo un riesgo de Seguridad Nacional cuando, de manera reiterada, ha sostenido que en México no existen actos terroristas.

“Se afirma que no hay terrorismo, pero se cierran las puertas a la información por miedo a un acto terrorista. Es ridículo y agrede los derechos humanos, especialmente cuando están de por medio la vida y la integridad de personas”, señaló.

El presidente de la ONRE, organización especializada en litigar negligencias gubernamentales, subrayó que tanto en normas nacionales como internacionales está reconocido que el derecho a saber las causas, motivos e investigaciones de hechos que implican violaciones a derechos humanos está por encima de cualquier derecho de privacidad o secrecía.

“Cuando ocurren tragedias de esta magnitud, el derecho a la verdad debe prevalecer. Reservar información no protege a las víctimas ni a la sociedad, sólo debilita la rendición de cuentas”, concluyó.

A estas críticas se sumó el abogado Tito Garza Onofre, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien advirtió que el problema no es la existencia de la figura de reserva de información, sino su uso sistemático y oportunista, especialmente cuando se trata de hechos graves que exhiben posibles fallas del gobierno.

Garza Onofre explicó que la ley contempla mecanismos legítimos para proteger datos sensibles sin recurrir a una reserva generalizada bajo el argumento de Seguridad Nacional.

“Hay múltiples vías legales para resguardar información específica —por datos personales o por procesos judiciales— sin cerrar completamente el acceso. Reservar información en estos casos no sólo es cuestionable, puede ser ilegal”, sostuvo.

El abogado subrayó que el contexto del accidente, ocurrido el 28 de diciembre y con 14 personas fallecidas, agrava la decisión, ya que desde antes existían señalamientos públicos sobre posibles actos de corrupción, deficiencias en la construcción, participación de las Fuerzas Armadas y fallas en la capacidad operativa del proyecto.

A su juicio, la reserva de información se vuelve especialmente preocupante cuando las instancias encargadas de investigar y sancionar —Fiscalía, Congreso y Poder Judicial— operan dentro de una lógica de alineación política, lo que genera la percepción de que la clasificación de los documentos responde a criterios de conveniencia y no de legalidad.

Garza Onofre recordó que la desaparición de organismos constitucionales autónomos y los criterios adoptados por una Suprema Corte anterior, que limitaron la posibilidad de excluir a los megaproyectos de esquemas de reserva, dejaron un andamiaje legal que hoy permite este tipo de decisiones. “Aunque formalmente puedan parecer legales tras los cambios normativos, estas determinaciones afectan gravemente la dimensión política y ética de un gobierno que parece proteger, a toda costa, los proyectos que impulsó y construyó”, concluyó.

Los especialistas coincidieron en que, tratándose de un accidente con víctimas mortales y posibles responsabilidades administrativas y penales, el interés público debe imponerse sobre una reserva generalizada que, lejos de garantizar seguridad, erosiona la confianza en las instituciones.

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