Un asalto en Aguascalientes vuelve a poner en tela de juicio a este organismo militarizado señalado por extorsión, abuso de la fuerza, atropellamientos...
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Un asalto en Aguascalientes vuelve a poner en tela de juicio a este organismo militarizado señalado por extorsión, abuso de la fuerza, atropellamientos...
En estos días, la Guardia Nacional se posicionó en la mente del público, pero no por buenos resultados. A elementos de ese cuerpo militarizado se le vinculó este mes al robo de un negocio de tragamonedas y al atropellamiento brutal de dos motociclistas. No son los únicos casos, suma 8 mil denuncias de todo tipo de delitos desde su creación.
Fundada formalmente el 26 de marzo de 2019, La Guardia Nacional (GN) nació en medio de un debate y muchas advertencias sobre su capacidad para reemplazar a la Policía Federal y establecer una institución de seguridad pública capaz de combatir la delincuencia organizada.
Sin embargo, la polémica más importante que rodeó su creación fue la decisión de darle un mando militar. Esta fue muy intensa debido al cambio de postura del expresidente López Obrador, quien antes de asumir el cargo se había comprometido a retirar a las fuerzas armadas de las calles, pero terminó creando un cuerpo compuesto mayoritariamente por militares y marinos bajo un mando operativo castrense.
Así, aunque nació como organismo civil, el gobierno impulsó reformas para transferir el control total de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2023, aunque una nueva reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024 finalmente consolidó su subordinación al mando militar.
Desde su origen, especialistas y organismos internacionales advirtieron que un cuerpo militarizado en tareas de policía nacional aumentaría el riesgo de abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Y así ha venido sucediendo desde su creación. Las denuncias de robo y tortura que sacuden a la Guardia Nacional en el arranque de 2026 lo confirman.
Uno de los casos que provocaron mayor escándalo ocurrió apenas este 4 de febrero. Cámaras de seguridad en Aguascalientes captaron el momento en que cuatro elementos de la GN, con los rostros cubiertos y sin documento legal alguno, irrumpieron en un establecimiento de máquinas tragamonedas.
Según la denuncia, los agentes no solo golpearon brutalmente a un empleado, sino que sustrajeron aproximadamente 400 mil pesos en efectivo. La coordinación estatal de la GN ya investiga el video que circula en redes sociales, donde se observa a los uniformados actuar como todo un grupo delictivo.
Días después, sobre la Avenida López Portillo, un camión con elementos de la Guardia invadió el carril confinado del Mexibús, sin una emergencia real qué cubrir, se pasaron el alto y en su carrera acabaron con la vida de un motociclista y dejaron gravemente herida a su acompañante.
Pero desde luego este caso no es el único. El cierre de 2025 dejó un saldo amargo para los viajeros. Múltiples grabaciones ciudadanas documentaron a efectivos de la GN exigiendo "cuotas" o "mordidas" a conductores en tramos federales. Estas extorsiones sistemáticas, disfrazadas de inspecciones de rutina, se intensificaron durante la temporada vacacional de invierno, afectando principalmente a transportistas y familias.
Más allá del patrimonio, la vida y la integridad física también han sido vulneradas. Organizaciones como el Centro Prodh han denunciado que la GN, a menudo en operativos conjuntos con el Ejército, sigue recurriendo al uso excesivo de la fuerza letal.
Tan solo en 2025, la corporación acumuló 387 quejas ante la CNDH, destacando reportes por desaparición forzada tras detenciones en retenes; lesiones y tortura durante interrogatorios informales; ejecuciones, bajo el argumento de "enfrentamientos" que resultan ser agresiones unilaterales.
A pesar de la gravedad de estos delitos, las cifras de justicia son magras. De los cientos de quejas presentadas el año pasado, solo el 0.26% derivó en una recomendación oficial y muy pocas terminaron en un castigo concreto. Esta brecha entre la denuncia y la sanción alimenta una percepción de impunidad que, según analistas, permite que elementos de la GN sigan participando en hechos delictivos bajo el amparo del uniforme federal.
De esa forma, a casi siete años de su fundación, la corporación federal enfrenta una crisis de confianza marcada por más de ocho mil denuncias penales y un flujo constante de quejas ante derechos humanos. La que nació como la gran apuesta por la seguridad ciudadana viene consolidando un historial de incidentes delictivos y violaciones muy graves cometidas por sus propios elementos.
A pesar de la magnitud de las cifras —con un promedio de dos integrantes denunciados diariamente durante 2024—, la tasa de recomendaciones oficiales por parte de la CNDH sigue siendo desproporcionadamente baja en comparación con el volumen de quejas.
Por su parte, como si nada ocurriera, el gobierno federal mantiene la estrategia de despliegue territorial de esta fuerza militar, ante la indignación e impotencia de las víctimas y las organizaciones civiles de derechos humanos.
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