Los fraudes del prestanombres se remontan a 2018 con despensas y petróleo; el gobierno de AMLO archivó las denuncias en su contra
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Los fraudes del prestanombres se remontan a 2018 con despensas y petróleo; el gobierno de AMLO archivó las denuncias en su contra
La detención de Alex Saab en Caracas, reportada este miércoles, significa un nuevo golpe para el depuesto presidente Nicolás Maduro, y tensión para la cúpula del gobierno pasado en México por su conexión con el mega fraude en el programa de seguridad alimentaria, Segalmex.
A Saab, ministro de Industria de Venezuela hasta el pasado 17 de enero, se le vincula con un esquema de operación corrupta con el organismo creado por Andrés Manuel López Obrador en 2019, Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), el cual replicó el modelo de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción venezolanos en instituciones mexicanas.
Entre 2019 y 2020, bajo la gestión de René Gavira Segreste (exdirector de Administración y Finanzas, hoy procesado), Segalmex autorizó contratos a empresas vinculadas a la red de Saab para el intercambio de productos básicos.
Se identificó como empresas fachada a Fruverloz y Group Grand Limited y eran las que recibían pagos por productos que nunca fueron entregados en su totalidad o que presentaban sobreprecios de hasta el 120%.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó transferencias por más de 15,000 millones de pesos en irregularidades dentro de Segalmex, de los cuales una fracción significativa terminó en cuentas en paraísos fiscales vinculadas a Saab y su socio Álvaro Pulido.
Asimismo, se documentó la exportación desde México de leche en polvo de la marca "Vaca Blanca", la cual, tras análisis de laboratorio, resultó tener niveles de sodio peligrosos y carecía de valor nutricional, vendida al gobierno venezolano como producto "premium".
Desde julio de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera investigó las anomalías al interior de Segalmex y sus filiales, Diconsa y Liconsa.
En enero de 2022 la Secretaría de la Función Pública -SFP-, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República -FGR- que, a la fecha tiene abiertas unas 20 carpetas de investigación en contra de la triada de instituciones alimentarias. Las denuncias de productores y supuestos beneficiarios abundan desde 2019.
La Auditoría Superior de la Federación le echa números al asunto y señala irregularidades por más de 8 mil 600 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública de 2020.
A partir de 2019, tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, Saab diseñó un esquema de "Petróleo por Alimentos" utilizando a la empresa mexicana Libre Abordo S.A. de C.V. y su filial Schlager Business Group.
La operación fue encabezada por los mexicanos Joaquín Leal Jiménez y Olga María Arabul, quienes junto a Saab orquestaron el levantamiento de crudo venezolano.
Libre Abordo firmó un acuerdo con la venezolana Petróleo de Venezuela (PDVSA) para recibir millones de barriles de crudo a cambio de suministrar camiones cisterna de agua y toneladas de maíz a Venezuela bajo una supuesta causa de "ayuda humanitaria".
Investigaciones del Departamento del Tesoro (OFAC) demostraron que el valor del petróleo recibido por los mexicanos superaba por mucho el costo de la "ayuda" entregada. Se estima que se comercializaron ilegalmente más de 30 millones de barriles de petróleo venezolano, moviendo flujos de efectivo superiores a los 1,500 millones de dólares que nunca llegaron a las arcas públicas, sino a la red de lavado de Saab.
Como publicó La Aurora, a pesar de las evidencias presentadas por la UIF y la presión de agencias internacionales como el FBI, las causas penales en la Fiscalía General de la República (FGR) han avanzado a un ritmo gélido.
De acuerdo con fuentes cercanas a las indagatorias consultadas por este diario, el Ministerio Público de la Federación nunca ejerció acción penal, pese a que la UIF aportó información que acreditaba el probable lavado de dinero y el desvío de recursos públicos venezolanos. Los expedientes simplemente quedaron archivados.
El episodio más grave ocurrió en noviembre de 2018, durante la transición presidencial en México. En lugar de proceder penalmente, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), bajo el interinato de Alberto Elías Beltrán, avaló un acuerdo reparatorio que extinguió la acción penal y permitió que la red siguiera operando.
Lejos de sancionar a los responsables, el acuerdo consistió en que las empresas involucradas enviaran dos mil contenedores adicionales de despensas a Venezuela, costeados por ellas mismas. “Fue un mensaje de impunidad absoluta: sigan operando, sigan violando la ley”, señalaron las fuentes.
Desde 2018, la FGR permitió un "acuerdo reparatorio" donde los involucrados pagaron apenas 3 millones de dólares para suspender investigaciones iniciales sobre lavado de dinero. Este beneficio procesal permitió que la red de Saab siguiera operando en México durante los primeros años del actual sexenio.
Con Saab fuera del gabinete venezolano y bajo custodia, la justicia mexicana enfrenta la presión de reactivar los expedientes contra Joaquín Leal y los exdirectivos de Segalmex que permitieron la triangulación de fondos hacia cuentas en Turquía, Emiratos Árabes y Hong Kong.
Alex Saab no fue solo un diplomático del chavismo; fue el puente que conectó la corrupción institucional mexicana con la resistencia financiera de Maduro.
Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a los Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero, pero fue liberado en diciembre de 2023 tras un canje de prisioneros entre ambos países.
En esta ocasión su detención obedece a una casusa diferente. Los fiscales federales de Miami acusan a Saab de desviar alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de un esquema de sobornos.
Según las acusaciones, Saab y un socio habrían sobornado a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar pagos en dólares a tasas favorables y lavar dinero mediante contratos relacionados con la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos.
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