"La Nueva Corte, un riesgo para la certidumbre jurídica", acusa magistrada en retiro

México resiente los estragos de la reforma judicial con una Corte que cuida al poder político, gastos excesivos, “curvas de aprendizaje” inconcebibles, egos y un desgaste notable al interior del Poder Judicial de la Federación, lo que se traduce en riesgos terribles para la certidumbre jurídica, estado de derecho, inversión y empleo.

La magistrada Julia María del Carmen García González, nueva directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), describe así el panorama tras la renovación hace cinco meses de la SCJN y del PJF a través del uso de “acordeones” en la elección judicial.

Sin embargo, en entrevista con La Aurora de México celebra la admisión a trámite de la queja de 14 personas juzgadoras federales -representadas por el Vance Center, con sede en Nueva York, y la Asociación Mexicana de Juzgadoras- ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado mexicano por violaciones cometidas tras la aprobación de la reforma judicial en septiembre de 2024.

“Es el primer escalón de una escalera grande, pero lo acogemos con júbilo y mesura, hay otras quejas en curso que esperamos tomen el mismo curso”.

Señala que actualmente el Poder Judicial de la Federación se sostiene gracias a los magistrados, magistradas, juezas, jueces, secretarias y secretarios de carrera judicial, aun cuando ha llegado al cargo gente que definitivamente “no sabe ni lo que hace”, como ha quedado expuesto públicamente.

Se trata de un mérito a costa de una enorme carga de trabajo y de abusos laborales, pues la mitad de los juzgadores de carrera salió en 2025 entre una tómbola “infame” y la decisión personal de no avalar lo que consideran una farsa.

Lo anterior a pesar de que todavía hay más de cien personas juzgadoras siguen sin recibir el pago extraordinario previsto en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, mientras que otra parte siguen a la espera de pago de pensiones complementarias que les corresponden por derecho.

“Pero también existe preocupación porque llegará el 2027 con esta segunda fase de la reforma judicial, yo respeto absolutamente a quienes decidieron mantenerse, pero en un escenario donde la mayoría de los integrantes de carrera judicial decidan no participar ¿quién se hará cargo de la justica en este país?”.

Opositora a la reforma judicial, la magistrada decidió retirarse en 2025 ante la reforma y fue electa hace unos días al frente de la JUFED -asociación integrada por más de mil 500 personas juzgadoras- para el periodo 2026-2027.

Advierte que, si la Corte y el PJF se mantienen en el camino de la sumisión e incumplen su obligación constitucional de poner límites al poder, ponen en riesgo el estado de derecho, la seguridad jurídica, la inversión y los empleos.

Comenta que la presión social y la vigilancia ciudadana ocasionaron que los ministros de la nueva Corte dieran marcha atrás en el proyecto que pretendía revisar las sentencias dictadas en el pasado en las salas del alto tribunal constitucional. “No es cosa menor lo que se conoce como cosa juzgada, porque afectaría la certidumbre jurídica”.

Pero en el horizonte, observa el “riesgo terrible” de que la Corte apruebe que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tenga facultades para bloquear cuentas bancarias sin autorización de un juez o de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se coloca al país en riesgo jurídico, se ponen en juego inversiones y la seguridad jurídica al poder congelar cuentas bancarias sin intervención de la autoridad competente, sería una lesión tremenda a quienes hacen uso del sistema financiero en este país”.

Se le pregunta sobre la tendencia tanto de la SCJN como de tribunales de resolver a favor del oficialismo. “Muchas resoluciones van en detrimento de los derechos y libertades de la gente, vemos retroceso en criterios de avanzada, progresistas, parece que se está cuidando al poder público, al poder político”.

“No podemos generar un espacio de sumisión, de no control de los límites, donde se valide todo lo que se haga, eso nos pone en riesgos tremendos, tanto a personas físicas como morales. El gran riesgo es que el poder se sepa sin límites y actúe sin ninguna sin ningún recato, son los mensajes que se mandan en nuestro país y en el exterior”.

También lamenta que en las sesiones se deje a un lado la deliberación y el convencimiento en los proyectos. “Acá aparecen posturas y egos personales de que yo quiero que salga así, no hay orden en las intervenciones, se interrumpen, se toman la palabra”.

Sostiene que elección judicial fue una abierta simulación en la que no quedaron los perfiles que se prometieron ni los adecuados. “Gente que no sabe valor pruebas, fijar puntos litigiosos, que desconoce la jurisprudencia que es de observancia obligatoria y carece de la experiencia para aplicar el derecho a cada caso concreto”.

Para la directora de la JUFED resulta inconcebible la denominada “curva de aprendizaje” en laCorte y el PJF. “No puede ser que haya gente sin la capacidad mínima, no pueden llegar a aprender para algo tan relevante como la administración de justicia se llega a aprender a la escuela primaria, a la secundaria. Cuando está uno en ese proceso de formación, por supuesto, y ya uno sigue aprendiendo, pero con bases mínimas”.

En el gasto millonario de camionetas blindadas en la Corte de un doble discurso. “Se está eliminando datos de transparencia para saber cómo están ejerciendo el presupuesto, dónde está la austeridad que prometieron desde adentro, para qué tanta seguridad si tanto los quiere el pueblo”.