Si bien es cierto que Sinaloa ha estado desde hace décadas entre los estados más violentos del país y que en el último año esta situación, ya de por sí crítica, ha repuntado, también lo es que la vida política de la entidad está sufriendo como nunca los embates del crimen organizado.
En los últimos años esto se ha hecho manifiesto de distintas formas: desde la coacción electoral y secuestros con motivación política, hasta asesinatos de figuras de alto perfil o atentados directos como el que acaban de vivir los diputados locales Sergio Torres Félix (también exalcalde de Culiacán) y Elizabeth Montoya Ojeda.
Un panorama siniestro
A nivel nacional, Sinaloa se ubica actualmente en el cuarto lugar en homicidios dolosos, según los reportes de seguridad de enero de 2026 presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El estado ha experimentado un repunte crítico de violencia desde finales de 2024, asociado a la entrega-captura de Ismael El Mayo Zambada y a las disputas con los Chapitos que le siguieron, cerrando el año 2025 con cifras récord y manteniendo una tendencia al alza en el inicio de 2026.
En números fríos, el promedio diario de víctimas aumentó 67.6%. Al mismo tiempo, Sinaloa lideró la lista de estados con más feminicidios en el país durante 2025, con una concentración alarmante en el municipio de Culiacán.
Igualmente, el estado ocupó el primer lugar en desapariciones y el segundo en robo con violencia a nivel nacional.
De acuerdo con el INEGI, Culiacán es una de las ciudades con mayor percepción de peligro en México, alcanzando niveles del 90.8% de desconfianza ciudadana.
Sólo en los primeros 28 días de enero de 2026, Sinaloa ya registró 147 asesinatos, superando la cifra del mismo periodo del año anterior. Ante esta situación, el gobierno federal acaba de desplegar a otros mil 600 militares adicionales en Culiacán y Mazatlán para intentar contener las pugnas internas de grupos delictivos.
2018, el anuncio de más violencia
Antes de que Morena llegara al poder, Sinaloa ya había registrado diversos actos de violencia contra figuras políticas, particularmente en el ámbito local y durante procesos electorales.
Diversas organizaciones civiles han señalado que en elecciones anteriores (como 2015) la violencia política ya era un componente presente en el estado, manifestándose en amenazas y ataques contra operadores de diversos partidos, principalmente el PRI y el PAN.
Sin embargo, es a partir de 2018 que estos hechos violentos empiezan a cobrar mayor relevancia. Así, durante el proceso electoral que llevó a Morena al poder, se documentó el asesinato del candidato a la alcaldía de Choix, así como de un regidor en el mismo municipio.
En octubre de 2018, en Navolato, se registró un ataque directo donde murieron dos policías municipales, reflejando la presión del crimen sobre las administraciones locales.
Los ataques sistemáticos contra quienes ocupan o aspiran a cargos municipales son ya una tendencia, de acuerdo con estudios recientes de organizaciones como México Evalúa, y esto se puso de manifiesto claramente durante la transición de poder en 2018, con una práctica que se intensificó entonces: el secuestro de operadores políticos, especialmente del PRI, para influir en los resultados electorales.
La narcopolítica en acción
En 2021 se terminaron por despejar las pocas dudas que había sobre la abierta conexión de algunos partidos y candidatos con el crimen organizado.
En mayo de ese año donde se realizarían elecciones, varios candidatos a alcaldías se retiraron de la contienda por amenazas de muerte: Argénesis Julissa Fierro, del PT; Omar Contreras Lastra, del Verde Ecologista, y Socorro Yadira Torres Miranda, del PES.
Poco antes de los comicios, Guadalupe Iribe Gascón, candidata del PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Badiraguato en Sinaloa, declinó tras la privación de la libertad de su hermano, Uriel Iribe Gascón, quien presuntamente fue “levantado” por grupos armados.
Fue el preludio del proceso electoral de 2021, que es recordado como uno de los más violentos debido a la intervención sistemática de grupos armados, puesto que durante la jornada del 6 de junio de ese año se reportó el "levantón" de al menos 29 operadores del PRI en municipios del centro del estado para inhibir el voto.
El crispado ambiente político de Sinaloa llegó a uno de sus momentos más violentos en julio de 2024 con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó posteriormente que el crimen ocurrió en la misma finca donde fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada.
Hacer política en Sinaloa o aspirar a un cargo político al margen del crimen organizado o, peor, contra su voluntad, es una tarea muy peligrosa. El reciente ataque a los diputados locales Sergio Torres Félix (también exalcalde de Culiacán) y Elizabeth Montoya Ojeda, nos lo viene a recordar.
De esa forma, las próximas elecciones para gobernador en 2027 tendrán como telón de fondo la pugna interna de los grupos criminales iniciada en septiembre de 2024 y que ha dejado un saldo de más de mil 800 asesinatos y miles de desaparecidos, pero también la violenta intromisión del narco en la política estatal.
