Culiacán, Sin.- El estado de excepción es un régimen jurídico extraordinario que se activa ante situaciones graves que rebasan la capacidad ordinaria del Estado para garantizar el orden, la seguridad y los derechos fundamentales. Su propósito no es la suspensión arbitraria de la legalidad, sino la adopción de medidas excepcionales para restablecerla.
Culiacán vive, de facto, un estado de excepción. Tras un año, cuatro meses y 15 días de una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, y luego de reiterados y fallidos intentos de contención de la violencia por parte de las autoridades, la capital sinaloense se ha convertido en un territorio donde el Estado ha sido rebasado.
Todas las instancias responsables de la seguridad —incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal— han fracasado en su tarea esencial: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se prometió inteligencia, coordinación y resultados. Lo que se ha entregado es una presencia permanente de fuerzas federales que, tras más de un año, se han vuelto parte del paisaje urbano sin que ello se traduzca en una reducción real de la violencia.
Los datos y la experiencia cotidiana son contundentes. Culiacán se ubica entre las ciudades con peor percepción de seguridad en el país: ciudadanos confinados en sus hogares, actividades sociales suspendidas, empresas cerradas o severamente afectadas en sus ventas, inversiones canceladas, empleos perdidos y miles de familias que han optado por emigrar. No es una exageración: es un estado de excepción no declarado.
La gravedad de la situación alcanzó un nuevo umbral cuando dos diputados locales de Movimiento Ciudadano —uno de ellos dirigente estatal del partido— fueron atacados a balazos a plena luz del día en una de las principales vialidades de la ciudad. El mensaje es claro: nadie está a salvo y la violencia ha cruzado todas las líneas.
Frente a la falta de empatía, solidaridad y acciones extraordinarias por parte del gobierno federal y de la Presidencia de la República, la sociedad no puede permanecer inmóvil. Los organismos empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y los cuerpos intermedios tienen no sólo la posibilidad, sino la obligación moral de actuar.
¿Por qué no sesionan los consejos nacionales de las principales cámaras empresariales en Culiacán? Canaco, Canacintra, CMIC, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, junto con organizaciones civiles como México Unido Contra la Delincuencia, centros de derechos humanos, asociaciones de periodistas y muchas más, podrían concentrarse en un solo mensaje común: no más violencia para Culiacán.
Culiacán concentra hoy cifras alarmantes: más homicidios, más desaparecidos, más robos de vehículos, mayores afectaciones a empresas y empleos. Convertir a la ciudad en el centro de la atención mediática nacional no es una estrategia de confrontación, sino un llamado urgente a la responsabilidad del Estado.
La solidaridad retórica desde el altiplano no basta. Un estado de excepción exige medidas excepcionales. Y el silencio, en este contexto, sólo prolonga la tragedia.
