Toda democracia madura se define no sólo por la regularidad y autenticidad de sus elecciones, sino también por la capacidad de sus instituciones para autoprotegerse de los intereses que pretenden capturarlas.
La revisión de las reglas de acceso y ejercicio del poder no puede obviar los fenómenos que distorsionan o desvían la voluntad popular. De las realidades, contextos, rupturas y circunstancias que inevitablemente se imponen en la organización de la vida de una comunidad. De esos hitos que sirven como puntos de referencia para comprender e interpretar la complejidad, ordenar la racionalidad pública y configurar las prioridades de la decisión colectiva.
En cierta medida, han quedado superados los hitos de las reformas político-electorales que imperaron durante la transición democrática. Los catalizadores de la exigencia de cambio no son ya la exclusión sistémica de la pluralidad, los fraudes recurrentes, las elecciones de Estado ni la inequidad estructural en las condiciones de la competencia. El país ha acumulado experiencia que permite sobrellevar y ajustar los tropiezos en la evolución práctica de esos arreglos. El verdadero hito que debe ordenar este debate es otro, más profundo, retador y urgente: la integridad institucional como dique de contención frente a la creciente penetración del crimen organizado en nuestra convivencia.
La trayectoria reformista mexicana —del pluralismo de 1977 a la federalización electoral de 2014— tuvo un hilo conductor claro: garantizar el pluralismo competitivo y los relevos pacíficos en el poder. Sin embargo, hoy los retos son otros. Desde 2018, México atraviesa el periodo de mayor violencia política de su historia democrática. Los datos son inequívocos: las elecciones de 2018 y 2024, por sí solas, registraron más homicidios vinculados a procesos electorales que todas las celebradas entre 2008 y 2015. Centenares de personas relacionadas con las elecciones han sido asesinadas, con una concentración abrumadora en el ámbito municipal, precisamente donde la captura institucional es más fácil, eficiente y rentable. El narcoestado se cuela en los palacios municipales.
No se trata únicamente de violencia desbordada. Es un fenómeno cualitativamente distinto: la intervención activa del crimen organizado en nuestros procesos políticos. Financiamiento ilegal, imposición de candidaturas, intimidación violenta y control territorial determinan una forma de injerencia que erosiona la libertad del voto antes, durante y después de que el ciudadano pasa por la urna. Como demostraron las elecciones locales de Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa o Jalisco, el crimen organizado actúa como un agente económico que desplaza a sus competidores por todos los medios a su alcance, pero también se comporta como un actor político que transacciona protección, colaboración, tolerancia y apoyo en el mercado de las legitimidades electorales.
Aquí radica la cuestión central. Mientras más se debilita la integridad institucional, más se reduce la democracia a un ritual vacío. En algunos territorios el crimen ya no necesita matar para ganar: basta con financiar, imponer y administrar silenciosamente la oferta política. Donde no hay resistencia institucional, puede no haber violencia visible, pero sí una captura silenciosa y total.
Cualquier reforma electoral que eluda este diagnóstico es un ejercicio de cinismo. No estamos ante un problema de ingeniería de reglas para traducir justa y equitativamente los votos en escaños. Esas eran las necesidades de una transición que se propuso sustituir un régimen cerrado que resguardaba una hegemonía por un sistema político para una sociedad abierta. Representa, por el contrario, la mayor amenaza existencial para la República. La integridad institucional —la independencia del Estado de intereses facciosos, criminales o económicos— debe convertirse en el eje normativo y ético de cualquier pretensión de reforma. Sin ella, toda elección será formalmente legal pero sustantivamente ilegítima.
Dice Claudio Lomnitz que la violencia rara vez es un acto sin pasado o sin intención de futuro. Ese pasado es la persistente precariedad del Estado para superar el conflicto y promover la cooperación en una sociedad. Su futuro, si no se corrige el rumbo, es la normalización de la narcopolítica: la autoridad al servicio de los criminales. Un péndulo de violencia sin fin que oscila entre la impunidad total y la represalia privada. El verdadero hito del debate sobre qué tipo de sociedad política queremos está en la condición previa a la legitimidad y al consentimiento de las reglas del juego: que exista la República como forma de organización de los libres.
