La seguridad pública en México se sustenta en un modelo de coordinación interinstitucional que articula instancias federales, estatales y locales. El presente artículo analiza la estructura y funcionamiento del Gabinete Especializado en Seguridad Pública y de los Grupos de Coordinación o Mesas de Construcción de Paz, así como los principales retos operativos que enfrenta la Estrategia Nacional de Seguridad. Asimismo, se examina la necesidad de fortalecer los diagnósticos, los sistemas de información y las acciones operativas para lograr una reducción efectiva de la incidencia delictiva y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
La complejidad del fenómeno delictivo en México ha exigido la construcción de mecanismos de coordinación institucional que permitan una respuesta integral del Estado. En este contexto, la Estrategia Nacional de Seguridad se apoya en una estructura organizativa que distingue entre la conducción estratégica y la ejecución operativa de las políticas públicas en materia de seguridad. Así las cosas, es conveniente analizar dicha estructura, identificar sus principales desafíos y reflexionar sobre la necesidad de consolidar acciones operativas basadas en información confiable y diagnósticos precisos.
Estructura institucional de la seguridad pública.
El Gabinete Especializado en Seguridad Pública constituye la instancia gubernamental de más alto nivel encargada de diseñar, supervisar y conducir la Estrategia Nacional de Seguridad. Este órgano colegiado es encabezado por la Presidencia de la República y coordinado principalmente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Inteligencia. La interacción cotidiana entre estas dependencias permite el análisis permanente de la situación de seguridad y la toma de decisiones estratégicas de alcance nacional.
De manera complementaria, operan los Grupos de Coordinación o Mesas de Construcción de Paz, encabezados por los gobernadores de las entidades federativas y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Estas instancias tienen un carácter operativo, territorial y de inteligencia, y su función principal es ejecutar y adaptar la estrategia nacional a las condiciones específicas de cada región. En ellas participan autoridades federales y estatales responsables de la seguridad pública, la procuración de justicia y la gobernabilidad.
Función operativa y coordinación territorial.
Los Grupos de Coordinación desarrollan tareas de coordinación, investigación y colaboración interinstitucional que se traducen en acciones conjuntas para el combate a delitos de alto impacto, tales como la extorsión, el secuestro, los homicidios, los delitos contra la salud y la desaparición forzada. Asimismo, realizan aseguramientos de bienes e instrumentos del delito, desmantelamiento de instalaciones ilícitas, detención de objetivos prioritarios y seguimiento de acuerdos operativos. Estas instancias sesionan de manera ordinaria y extraordinaria, y suelen contar con una autoridad coordinadora que concentra la información y articula las acciones, generalmente de carácter federal.
En este esquema, el Gabinete Especializado asume la conducción estratégica, mientras que los Grupos de Coordinación se encargan de la ejecución operativa en los ámbitos estatal y regional. Ambos niveles se insertan en una Estrategia Nacional de Seguridad sustentada en diversos ejes, entre los que destacan la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el uso de inteligencia e investigación, la coordinación intergubernamental y la operación de Mesas de Construcción de Paz como espacios de acción local.
Retos en el uso de información y diagnóstico.
Uno de los principales desafíos identificados es la ausencia de diagnósticos precisos sustentados en bases de datos universales y confiables. El desconocimiento sobre la existencia, actualización y fiabilidad de sistemas de información, particularmente a nivel estatal, limita la capacidad del Estado para comprender la conformación y el modus operandi de las estructuras criminales. Herramientas clave como el Sistema Integral de Identificación Balística y el Sistema de Identificación Dactilar presentan incertidumbres respecto de su uso y actualización. Asimismo, la falta de fichas técnicas sobre organizaciones criminales dedicadas al secuestro dificulta la labor de las unidades especializadas, al carecer de información sistematizada sobre patrones de actuación y dinámicas territoriales.
Estas deficiencias se ven agravadas por problemas presupuestales y el uso irregular de recursos destinados a la seguridad pública en algunas entidades federativas, lo que debilita la implementación efectiva de la estrategia.
Acciones operativas y fortalecimiento institucional.
Ante este escenario, resulta necesario impulsar acciones operativas específicas que contribuyan a la disminución de los índices delictivos. Entre ellas se encuentran el control de zonas críticas, la instauración de corredores seguros, la aplicación de programas de escuelas seguras, la instalación de bases de operaciones mixtas y móviles, el establecimiento de puestos de control vehicular, la supervisión de los centros de comando y monitoreo, la revisión de giros comerciales de alto riesgo y el despliegue territorial de patrullajes con carácter disuasivo.
Conclusiones.
La efectividad de la Estrategia Nacional de Seguridad depende de la articulación coherente entre la conducción estratégica y la ejecución operativa, así como del fortalecimiento de los sistemas de información y la coordinación interinstitucional. El combate a la delincuencia exige el ejercicio firme y coordinado de la fuerza del Estado, sin pactos ni concesiones, orientado a generar resultados tangibles que fortalezcan la confianza de la sociedad en las instituciones.
