Morena reconoce que existe corrupción en cárceles estatales

El diputado federal y vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila, reconoció que, pese a los cambios recientes, el sistema judicial mexicano continúa siendo “perfectible” y vulnerable frente a la presión del crimen organizado.

Al explicar las razones del envío de 37 reos a Estados Unidos, el legislador admitió que muchos delincuentes peligrosos “con estrategias jurídicas logran salir de los reclusorios federales para irse a reclusorios estatales donde efectivamente existen actos de corrupción, colusión, y operan desde las cárceles”.

Señaló que, aunque los centros penitenciarios federales han avanzado, “aún hay una brecha importante en los reclusorios estatales”, lo que permite que internos sigan dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.

Cuestionado sobre si el problema persiste incluso después de la elección de jueces, Ávila fue directo: “Siempre será un sistema perfectible. Finalmente el Poder Judicial está integrado de personas”. Afirmó que uno de los objetivos centrales de estas decisiones es evitar que jueces, custodios y funcionarios penitenciarios sean presionados por criminales con alta capacidad operativa.

“Lo que se pretende es no poner elementos para que un juez pueda ser amenazado, para que un juez pueda ser corrompido, para que un custodio pueda ser amenazado”, sostuvo, al señalar que estas condiciones han sido aprovechadas por organizaciones criminales para mantener control y operar desde las cárceles.

Sobre las posibles afectaciones a los derechos humanos de los reos y a sus familias, Ávila reconoció que el traslado dificulta el contacto familiar, pero sostuvo que la decisión responde a un criterio de seguridad nacional. Señaló que la gravedad de estos delincuentes los convierte en un riesgo mayor y que, ante esa condición, “se tiene que anteponer el interés colectivo, el interés general” sobre el interés particular.

Añadió que, si existen mecanismos legales para que los familiares puedan visitarlos, deberán explorarse, pero subrayó que se trata de personas que “son una amenaza para la seguridad nacional” y cuya capacidad de generar violencia debe ser contenida.