La razón principal por la cual la presidenta ha justificado la urgente necesidad de imponer una reforma electoral es clara: “Reducir los costos de los procesos electorales”. Afirma que las elecciones en México son de las más caras del mundo y que urge buscar ahorros en los presupuestos de los partidos, el INE y los OPLE, lo cual, según ella, permitirá destinar esos recursos a otras necesidades nacionales.
Más allá de que sabemos que es un pretexto para asegurar los próximos triunfos electorales con las reglas que más les acomodan, vale la pena hacer algunas precisiones respecto de los recursos y el costo de la democracia electoral en nuestro país:
Primero, los procesos electorales mexicanos se han encarecido con el paso de los años a causa de la gran desconfianza: la que los partidos políticos se tienen entre sí, la de las autoridades electorales hacia los partidos y la de la ciudadanía en general hacia el sistema electoral. El reprobable comportamiento histórico de partidos, candidatos, autoridades y ciudadanos ha dado como resultado reformas —en las que participó activamente la izquierda que hoy gobierna— para poner candados y adoptar diversos mecanismos de seguridad necesarios para tener certeza del resultado. Y eso, cuesta.
El servicio profesional electoral y su permanente capacitación, el mantenimiento de las bases de datos, el monitoreo, la fiscalización a los partidos, la credencialización con elementos de seguridad, la organización de las elecciones, las boletas con papel seguridad… En fin, tantas funciones que son motivo de orgullo de nuestro diseño electoral, pero que, como fruto de reformas consensuadas para generar confianza, hacen que el sistema sea oneroso.
Si todo lo anterior garantiza que nuestro voto realmente cuente y que podamos confiar en el sistema como antes de 2024, no tendría por qué ser un problema; siempre y cuando se cumplan los mecanismos diseñados para asegurar la equidad, los topes de campaña, la transparencia y la rendición de cuentas.
Segundo, el verdadero problema surge cuando los procesos electorales son cada vez más caros porque se inyectan cantidades irreales de recursos de origen ilícito. El fenómeno crece y crece, y desde las instituciones y el régimen no se hace nada.
En muchas regiones del país, el gran elector es el crimen organizado: es el gran financiador, quien manda, quita y pone candidatos, presidentes municipales, legisladores, secretarios, gobernadores… Quien ha encarecido las campañas, y por ende los procesos, es el dinero sucio; no sólo el proveniente del desvío de recursos públicos, sino el que surge de diversas actividades criminales.
Se torna cada vez más costoso, difícil y peligroso competir contra los candidatos de la delincuencia. Ellos tienen más recursos para pagar medios, redes sociales, eventos, operadores políticos y, por supuesto, para comprar votos.
No se quiere reconocer que en gran parte del territorio nacional las “maquinarias electorales” más potentes las tienen los grupos criminales; mismas que son vendidas al mejor postor o a quien asegure compromisos a futuro. Estas incluyen desde dinero en efectivo y movilización para eventos —y de votantes el día de la jornada— hasta la inhibición de simpatizantes de proyectos contrarios (como se denunció en Michoacán en 2011, cuando criminales bloquearon caminos).
¿Cómo competir con quien tiene de su lado a quienes cobran piso, extorsionan, amenazan, secuestran, matan y dominan territorios completos? ¿Por qué no se habla desde el gobierno de que esa es la razón por la cual las elecciones son tan caras?
El régimen no quiere reconocer que el financiamiento público no es el problema: el problema es el dinero ilegal. La presidenta no se atreve a mencionar ni a proponer reformas para poner un alto a los ríos de billetes o las aportaciones en especie que superan los topes de campaña; no habla de impedir los complejos esquemas para blanquear recursos mediante empresas fantasma, facturas falsas y otros mecanismos para “lavar” dinero a través de campañas y partidos.
Se quieren ahorrar tres pesos reduciendo el presupuesto público mientras se hacen de la vista gorda con las aportaciones directas de cárteles, organizaciones criminales, lugartenientes y líderes regionales; todo a cambio de permisos, obras, influencias o, de plano, de gobernar por interpósita persona.
Tercero, el anuncio de que un punto relevante de la reforma es reducir el financiamiento a los partidos genera un fenómeno aún más complicado. Mientras el partido en el gobierno recibe recursos públicos, se favorece de programas sociales, mantiene brigadas permanentes en las calles a costa del erario y hace campaña desde los espacios de poder, los partidos de oposición tendrán que recurrir a esquemas de financiamiento irregulares —por decir lo menos— para ser competitivos frente a la maquinaria oficialista.
En fin, veremos quién sí se atreve a hablar de que el problema no es el dinero público, sino el dinero ilegal. El debate de las próximas semanas revelará mucho.
