En Jalisco, el gobierno anterior gritaba, vociferaba e insultaba a sus enemigos. El actual sonríe, viaja en episodios de crisis y administra contratos.
Puesto en plata pura, Jalisco dejó de ser un estado y pasó a operar como una sociedad anónima, donde casi todo está concesionado, tercerizado o externalizado. Pero con una diferencia abismal: aquí los accionistas no votan… pagan.
El caso más reciente es la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”, presentada como innovación social, pero que en los hechos obligará a bancarizar a la ciudadanía. No importa si millones no quieren, no pueden o no confían en el sistema financiero: la política pública ya decidió por ellos y los dividió en quienes pagarán 14 pesos por subirse al camión o los que, a cambio de un plástico, desembolsarán sólo 11 o 5 pesos.
Lo más revelador, y fuera de sentido, es que el propio gobierno de Jalisco pagará 57 millones de pesos a una empresa privada para entregar esa tarjeta. El estado puso a sus empleados a capturar los datos de la gente para dárselos al banco y luego, como el banco no tiene presencia física, módulos o sucursales, contrata a otra empresa para entregarlos y deja de lado a sus empleados para entregar en el mismo punto donde ya fueron a registrarse. Un sinsentido completo que convierte a la nómina en un accesorio decorativo.
Por eso la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve el aparato estatal si todo lo operan empresas?
En Jalisco, las patrullas no son del gobierno: se rentan. El alumbrado público no se gestiona: se concesiona. La comunicación gubernamental no la lleva Comunicación Social: la manejan agencias privadas. La obra pública no se ejecuta desde el estado: se licita y se construye por fuera o con préstamos, como ocurrió con la Línea 4 —y como se perfila con la 5— del Tren Ligero.
Es más: el transporte público no es público, es un negocio privado donde lo que entra a los camiones no pasa por el estado, sino por los transportistas.
Bajo este modelo, gobernar significa firmar contratos para que alguien más ejerza autoridad.
Y a esta lógica se suma otro caso ilustrativo: el gobierno estatal pagará alrededor de 700 millones de pesos a una empresa privada —propiedad del dueño de un medio de comunicación “amigo”— para instalar equipos de fotoinfracción. El detalle no es sólo el monto, sino el contrato: la empresa WCD está obligada a generar al menos 500 mil fotomultas al año.
¿Qué significa esto? Que la meta no es reducir accidentes o mejorar la seguridad vial, sino multar. La recaudación no es un efecto secundario: es el objetivo.
Cuando un contrato fija una cuota mínima de sanciones, queda claro que la política pública dejó de ser preventiva y se volvió extractiva. En Jalisco Sociedad Anónima, la seguridad vial también es un modelo de negocio.
Esto no es una crítica exclusiva al actual gobierno, pero el sello es evidente. Ahora se gobierna bajo una lógica empresarial y no de función pública emanada del voto popular. La Coparmex tiene presencia fuerte y la lógica es que el estado no produce, no ejecuta y no estorba. Acá lo público es un mercado y la ciudadanía, un usuario cautivo.
En Jalisco la participación ciudadana incomoda porque decidir estorba cuando gobernar significa administrar intereses privados. Por eso, consultar, auditar o impulsar un referéndum por un “tarifazo” al transporte público resulta molesto, pues rompe el flujo del negocio.
Ese es el estilo Jalisco: eficiente para contratar, creativo para recaudar, obtuso para operar y muy efectivo para transferir recursos públicos a manos privadas.
Y cuando todo está concesionado, cuando incluso multar es un contrato, cuando el estado sólo firma y paga, la pregunta deja de ser ideológica y se vuelve urgente: ¿cuánto más puede costarnos un gobierno que no gobierna?
