Las protestas en Irán no son un episodio aislado. Aunque se detonaron por el deterioro de las condiciones de vida, se transformaron en una exigencia de cambio de régimen por una sociedad exhausta tras décadas de protestas reprimidas y promesas incumplidas. Son resultado de un sistema islamista que ha violado sistemáticamente derechos básicos y ha convertido la represión en su mecanismo de control. Este hartazgo explica la magnitud del desafío, pero no garantiza un desenlace favorable.
El principal obstáculo es estructural. La República Islámica no es sólo un gobierno impopular, sino un Estado que ha fusionado el poder clerical con un aparato de seguridad omnipresente. En el centro de ese andamiaje se encuentra el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI), junto con las milicias Basij y los servicios de inteligencia. No son actores secundarios, sino pilares centrales del Estado. Controlan la represión e influyen decisivamente en la economía y política.
Durante más de cuatro décadas, el régimen ha perfeccionado sistemas de vigilancia y neutralización del disenso que dificultan cualquier ruptura interna. Frente a esta maquinaria, la oposición carece de cohesión, liderazgo y un proyecto común. En las calles conviven demandas de reformas internas, llamados a una república secular, y apoyos a figuras como Reza Pahlavi. Esa diversidad fragmenta su fuerza y reduce su capacidad de disputar el poder.
La figura de Reza Pahlavi ilustra ese límite. Aunque goza de reconocimiento entre sectores de la diáspora y dentro del país, no cuenta con una estructura operativa ni ejerce influencia sobre los pilares que sostienen el Estado. Incluso en un escenario de colapso, el CGRI y otras facciones del régimen permanecerían intactas y con capacidad de imponerse, abriendo la puerta a un gobierno aún más represivo.
Las experiencias de Irak, Libia y Siria muestran que la caída de un régimen sin liderazgo unificado, una ruta clara de transición e instituciones alternativas suele producir vacíos de poder, violencia prolongada y gobiernos aún más autoritarios. Irán no sería la excepción.
Una incursión quirúrgica de EU —p.ej. contra objetivos de CGRI y Basij— difícilmente modificaría esos factores. En el mejor de los casos, frenaría más muertes de manifestantes, un objetivo encomiable ante la cínica inacción de la comunidad internacional. Sin embargo, no desmantelaría el sistema de poder construido desde 1979 ni debilitaría al CGRI, que seguiría controlando la economía, las armas y las instituciones.
A largo plazo, las opciones más efectivas pasan por presión diplomática sostenida, sanciones contra las élites represivas, el debilitamiento de la influencia, capacidad militar y flujos económicos del régimen, y el fortalecimiento de la sociedad civil y oposición. Sin estos elementos, cualquier acción externa sería apenas paliativa.
La crisis iraní no ofrece soluciones sencillas. Sin liderazgo unificado, sin instituciones alternativas y con un aparato coercitivo intacto, cualquier cambio abrupto puede derivar en algo peor. El verdadero reto es evitar nuevas tragedias humanitarias y crear mecanismos eficaces que protejan a las poblaciones sometidas por regímenes autoritarios, para que puedan elegir y construir libremente un futuro distinto.
