Establecimientos tóxicos. Entre otros estados, el régimen parece tener en Campeche y Veracruz dos de sus principales laboratorios para probar los efectos de la censura periodística y la represión política. Son tan tóxicos estos establecimientos para la convivencia nacional como los laboratorios para procesar drogas ilegales, que ahora sí parece combatir este gobierno.
Contra la autonomía. Para deponer al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, por cuestionar a la gobernadora Sansores por la injerencia proselitista del partido oficial en los espacios académicos, el gobierno del estado le fabricó pruebas incriminatorias. Lo detuvieron por 48 horas y lo encausaron judicialmente mientras el Consejo Universitario lo cesaba y nombraba a su sustituta. Y ante los hechos consumados, de nada sirvieron las protestas de un buen número de académicos del país, así como de la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior.
Celebridad. Ominosa celebridad mundial alcanzó este gobierno con la persecución del periodista Jorge Luis González, fundador de Tribuna, un caso documentado por Article 19, la prestigiada organización civil internacional de defensa de la libertad de expresión. Cuatro procesos le han acumulado a González en esta década. Entre otros, por “hechos y actos constitutivos de violencia política de género”, supuestamente cometidos contra la gobernadora debido a la cobertura crítica del periodista al desempeño de la gobernante. Luego fue detenido con brutalidad por “probable comisión del delito de odio” por criticar a la gobernante.
Terrorismo. Como parte de un régimen que no se atreve a acusar a los cárteles de actos terroristas, el gobierno de Veracruz llevó a prisión ¡por ese delito! al periodista Rafael León Segovia, por su cobertura de nota roja en Coatzacoalcos.
Alerta. Se expanden los campos de pruebas de criminalización del periodismo independiente y la línea dura contra toda disidencia.
