El descarrilamiento del Tren Interoceánico no es sólo una tragedia ferroviaria sino el síntoma de un modelo de gobierno que llama transformación a la improvisación. Una forma de gobernar donde la propaganda va por delante de la seguridad, la prisa sustituye a la planeación y la corrupción va por encima de la integridad humana. Catorce personas muertas y un centenar de heridos exigen una reflexión profunda sobre cómo se conciben, ejecutan y operan los llamados proyectos emblemáticos del gobierno y un deslinde de responsabilidades que permita sancionar a los responsables de esta tragedia. Cuando el Estado construye, opera y presume una obra, también carga con la responsabilidad total de sus consecuencias.
Desde el inicio este proyecto fue tratado como símbolo ideológico, no como infraestructura crítica. Se inauguró con prisa, se operó con triunfalismo y se defendió con fe, no con datos. Hoy los hechos son brutales: un tren descarrilado, vidas perdidas, familias destrozadas y un gobierno que intenta reducir la discusión a una falla técnica aislada. Pero las fallas técnicas no surgen de la nada, nacen de decisiones políticas.
Desde el primer momento la narrativa se concentró en el control de daños: visitas a hospitales, las ya conocidas promesas de apoyos económicos que compran el silencio y llamados a “no politizar” el tema. Pero cuando se trata de infraestructura pública, recursos federales y vidas humanas es inevitable hablar de ello. No politizar no puede ser sinónimo de no cuestionar y no exigir investigación y sanciones.
Las versiones preliminares -exceso de velocidad, condiciones deficientes de la vía y fallas en el mantenimiento- apuntan todas en la misma dirección: negligencia. Y lo más grave es que no se trata de un error imprevisible, sino de un riesgo anunciado. Auditorías incompletas, advertencias de especialistas de deficiencias en la construcción y una operación ferroviaria entregada a una institución militar sin experiencia civil en transporte de pasajeros forman una tormenta perfecta. El resultado era cuestión de tiempo.
Más indignante aún es la reacción defensiva de los voceros del oficialismo, más ocupados en desacreditar las críticas que en exigir explicaciones claras. Cuando se acusa a quienes preguntan, cuestionan y exigen cuentas de “golpeteo político” se trivializa el dolor de las víctimas y se normaliza la idea de que el poder no debe ser cuestionado aún ante tragedias como ésta. No hay nada más ruin que usar el dolor ajeno como escudo para proteger el poder. Preguntar quien falló, quien autorizó y quien supervisó no es golpeteo, es una obligación ante un hecho como este.
Las víctimas no necesitan abrazos mediáticos ni apoyos anunciados en conferencias, necesitan verdad, justicia y garantía de no repetición. Merecen saber si el accidente era evitable, quién tomó las decisiones clave y por qué se permitió operar en condiciones de riesgo. Eso sólo llegará con investigaciones independientes, peritajes públicos, auditorías a contratos y sanciones reales. Si nadie paga por lo sucedido el mensaje es claro: en México la vida humana sigue siendo un daño colateral aceptable cuando estorba al relato oficial.
Este accidente no descarrió un tren, descarriló el discurso del “progreso humanista”. Un proyecto que presume desarrollo pero mata por negligencia pierde toda legitimidad moral. Si el gobierno no es capaz de anteponer la seguridad humana a la prisa política y a los negocios de la cúpula en el poder, entonces el verdadero descarrilamiento no es del tren, sino de la responsabilidad pública. Si el gobierno no es capaz de asumir responsabilidad más allá del pésame, entonces el verdadero viaje que ofrece no es hacia el futuro, sino hacia la normalización de la tragedia y la impunidad.
