Muchos no lo saben, pero quienes vivimos en Jalisco experimentamos un aumento notable de ansiedad cada vez que un gobernador anuncia que tomará vacaciones.
No es exageración ni neurosis colectiva: es memoria reciente. Cuando el titular del Ejecutivo se ausenta, la inseguridad crece, el agua escasea y alguien toma decisiones que impactan la vida cotidiana de millones… como un “tarifazo” al transporte público.
El 23 de diciembre, Pablo Lemus anunció que se tomaría unos días de descanso y dejó el despacho en manos del secretario de Gobierno, Salvador Zamora. Tres días después, el temor se materializó.
El Comité de Tarifas del Transporte Público sesionó a puerta cerrada y sólo seis personas —con 4 votos a favor y 2 en contra— determinaron que el costo del pasaje subiría de 9.50 a 14 pesos en 2026. La “tarifa técnica”, la llamaron. Luego, el secretario de Transporte aclaró que el gobernador fijaría la “tarifa social”.
Minutos después, con una producción que incluyó subtítulos y hasta escena postcréditos, Lemus reapareció en video para explicarle a los más de ocho millones de jaliscienses que gobierna las implicaciones del aumento.
Anunció un “subsidio ciudadano” —lo que eso signifique— que dejaría el pasaje en 11 pesos… siempre y cuando las personas entreguen sus datos personales para obtener la pomposamente llamada “Tarjeta Única Jalisco”, instrumento que, según el gobierno, bancarizará a la población para acceder a servicios de salud, créditos, transferencias e incluso remesas.
Luego vinieron los homicidios.
Mientras el gobernador descansaba, dos empresarios fueron asesinados a plena luz del día. Uno de ellos, Alberto Prieto, fue emboscado en un ataque que se prolongó por más de 15 minutos y en el que se dispararon más de dos mil balas. No hubo intervención inmediata de la autoridad. El atentado dejó como saldo adicional la muerte de una adolescente de 16 años y de un escolta. La impunidad fue tal que los propios agresores se grabaron mientras ejecutaban el ataque.
Lo más grave vino después. En un ejercicio de transparencia mezclada con cinismo, los altos mandos de seguridad declararon públicamente que no hubo movilización cercana “por protocolo”, pues enviar elementos a la zona habría significado más bajas.
La pregunta es inevitable: ¿Entonces para qué existe una fuerza de seguridad pública? ¿Dónde queda la inteligencia policial de la que tanto presumen quienes administran presupuestos millonarios en armas, capacitación y videovigilancia?
Cuidar a los elementos es razonable. Reconocer, en cambio, que un grupo armado puede recorrer con tranquilidad la segunda ciudad más importante del país y desatar una balacera sin consecuencias inmediatas es una confesión brutal.
Y no fue el único caso. Antes de que terminara el año, el empresario tequilero José Adrián Corona Radillo fue interceptado cuando viajaba rumbo a Puerto Vallarta con su familia. Su cuerpo fue localizado dos días después. Tampoco hubo detenidos.
Así cerró el año en Jalisco: con decisiones tomadas en lo oscurito, balaceras sin autoridad cercana y funcionarios que admiten, sin rubor, que el estado se hace a un lado cuando el crimen toma la calle.
Y cuando gobernar se reduce a grabar videos y administrar la narrativa, el mensaje es claro: la prioridad no es la ciudadanía. El estado observa y la violencia avanza.
Agradezco a La Aurora de México por abrir sus puertas a esta pluma. En un contexto adverso para el periodismo, este proyecto nace como una oportunidad para informar y señalar. Que esta Aurora no sólo anuncie un nuevo día, sino la voluntad de decir lo que muchos prefieren callar. Sea.
