El próximo 30 de junio vence un plazo definitivo que marcará un antes y un después para millones de usuarios de telefonía móvil en el país. A partir de esa fecha límite, quien no haya hecho el registro de la información personal para integrarse de forma obligatoria al padrón nacional de líneas telefónicas, podrá perder el servicio telefónico. Quienes decidan no vincular su número telefónico y su tarjeta SIM a su CURP, además una identificación oficial con fotografía, supuestamente serán desconectados de la red a partir del primer día de julio. Esta severa medida regulatoria no distingue, ni de planes tarifarios o de prepago, así que la suspensión del servicio tendría que operar para todos.
Las razones detrás de una política pública de esta naturaleza suelen ser la seguridad pública. En este escenario, el argumento que sostiene la autoridad es el combate frontal a la delincuencia organizada y, de manera muy específica, la mitigación de los delitos de extorsión y fraude cometidos cotidianamente desde el interior de los centros de reclusión. La falta de rigor en los mecanismos de identificación por parte de las empresas telefónicas ha permitido que un gran número de líneas operen bajo un absoluto anonimato, convirtiéndose en la herramienta ideal para la impunidad. Saber con certeza jurídica quién está detrás de cada número es, desde la perspectiva oficial, un paso indispensable para pacificar el entorno digital y mitigar los riesgos delictivos.
No obstante, la gente tiene serias dudas sobre qué hará el gobierno con nuestros datos, ya que incluso podría tener la posibilidad de geolocalizar a las personas. Es evidente que un amplio sector de la sociedad no ha acudido a realizar el trámite correspondiente. Más que desidia o irresponsabilidad, este fenómeno generalizado refleja una desconfianza legítima hacia las capacidades del gobierno para resguardar la información privada. Entregar identidades y datos en un contexto histórico donde las filtraciones de bases de datos gubernamentales y comerciales son el común denominador, aunado a que el órgano autónomo que era el garante de la privacidad fue eliminado, despierta reservas comprensibles. ¿Quién será responsable de sancionar el mal uso de los datos personales en manos del gobierno? El propio gobierno. Pero las dudas van un paso más allá, pues está latente el hecho de que el Estado podría tener acceso directo y en tiempo real a la geolocalización de las personas.
Lo verdaderamente interesante comenzará el próximo 1 de julio, cuando se ponga a prueba la firmeza real de la autoridad administrativa. Queda por ver si el gobierno sostendrá la drástica y onerosa sanción de dejar a millones de personas completamente incomunicadas en un mundo moderno en el que el teléfono celular ya no es un lujo, sino una herramienta indispensable de trabajo, estudio y supervivencia diaria. La otra opción es que la realidad obligue a otorgar prórrogas que terminen por diluir la finalidad de la norma. El delicado equilibrio entre una y otra posición vuelve a estar en juego, y el apagón telefónico que se avecina marcará la pauta.
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