Culiacán, Sin.- Urge sacar al rochismo de la estructura del gobierno de Sinaloa. Cayó el gobernador Rubén Rocha, y en su lugar se designó a Yeraldine Bonilla. Pero las cosas siguen peor que antes en materia de inseguridad pública y deterioro económico. Además, sigue aumentando la corrupción y las extorsiones de funcionarios públicos hacia empresas y pequeños negocios. La situación ya es intolerable.
En reuniones empresariales, hoy solo se habla de auditorías injustificadas, y de extorsiones provenientes de diversas áreas del gobierno estatal y del gobierno de Culiacán. Lo mismo sucede con el Poder Judicial o en la fiscalía, donde ninguna denuncia o procedimiento jurídico procede, sin que haya de por medio pagos injustificados.
Señalan que desde oficinas de gobierno les avisan que hay una auditoría en proceso, y que detenerla requiere una aportación económica. También los expedientes judiciales pueden ser guardados mediante una contribución “voluntaria”.
La industria de la construcción es de las más acosadas. Les exigen pagos extraordinarios para cualquier trámite o permiso que tienen que realizar ante gobierno. Inspectores y auditores son utilizados para hostigar y amedrentar a empresarios, y para recabar recursos ilegales. También el congelamiento injustificado de cuentas bancarias es una práctica bastante habitual.
Nada de esto es nuevo. Pero en el gobierno de Rocha Moya se incrementó notablemente la corrupción institucional. Salió este gobernador, pero toda la estructura administrativa aún permanece intacta, en el poder ejecutivo, en la fiscalía y en el Poder Judicial. Hoy se han multiplicado la impunidad y las prácticas de extorsión.
Los cómplices de Rocha y de Juan de Dios Gámez, en el gobierno estatal y en el de Culiacán, continúan trabajando con mayor impunidad. Abusiva e ilegalmente extraen recursos de programas públicos, o exigen dinero a la gente que acude a oficinas gubernamentales para realizar trámites o solicitar servicios. Los aliados del rochismo, continúan realizando numerosos actos de corrupción.
La gobernadora Yeraldine Bonilla no solo se niega a efectuar un deslinde de Rubén Rocha, sino que hasta se atrevió a exonerarlo al señalar que al secretario de Seguridad Gerardo Mérida no lo nombró el anterior gobernador, sino la propia Sedena. Afirmó también que habrá continuidad en el gobierno sin cambios en el gabinete. Entonces, en Sinaloa todo sigue igual: los mismos continúan haciendo lo mismo, pero ahora con menos control y mayor impunidad. El hartazgo social se sigue acumulando.
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