Hace poco, el historiador español Gabriel Tortella llamaba la atención sobre el peligro que supone, cuando el cerebro se agota, caer en la pereza cognitiva, perder la imaginación o el sentido crítico y convertir, en términos orteguianos, las ideas en creencias, porque entonces éstas se vuelven inmutables, más cómodas de manejar y no requieren ningún esfuerzo intelectual.
Pongamos un ejemplo reciente. Con sobrada razón, la condena al dislate de trasquilar el calendario escolar fue unánime, motivo por el cual las autoridades recularon. Ese hecho -que era una pésima decisión- se convirtió en creencia. Pero ahora falta la idea y la idea es cómo evitar que esos desaguisados se repitan.
La primera respuesta es obvia: echar a Morena del gobierno.
Pero la segunda es más compleja y laberíntica y tiene que ver con una realidad cruda y pura: la forma en que está estructurada la agencia, la organización y la gestión del sistema educativo mexicano es obsoleta y no responde a las necesidades de los muchos Méxicos en que se ha convertido este maltrecho país. En suma, hay que impulsar un cambio radical para que, si algún día, los actuales son reemplazados por otros de igual o peor jaez, el espacio para las torpezas sea el mínimo posible.
Separemos la reflexión. La evidencia sobre aspectos de fondo -pedagogía, aprendizajes, gasto educativo, summer learning loss, etc., es decir, los “qué”- es creciente, de razonable calidad, aunque también se cuelan lugares comunes, oportunismo mediático y retórica política. Sin embargo, las ideas robustas y concretas de los aspectos orgánicos, jurídicos y de toma de decisiones en ese aletargado sistema, es decir, los “cómo”, son muy escasas.
Entonces, el desafío es transitar de los qué a los cómos.
No es el lugar para elaborar con detalle sobre algunos capítulos esenciales, pero al menos recordemos dos o tres.
Uno es que la arquitectura de la SEP es ya completamente disfuncional. Dada su actual estructura -pesada, anquilosada, burocrática, ineficiente y opaca-, no da más. Le es imposible ejercer una rectoría genuina a nivel nacional ni sus funciones normativas mínimas. Es un modelo que genera incentivos perversos y negligencia de las entidades en diversos componentes del ecosistema. Y lleva 19 titulares desde 1982. Más aún: hablar hoy de un “sistema educativo nacional” es una ficción, como también son ya, dada la profunda heterogeneidad regional, el calendario único para todo el país o los planes y programas “nacionales”, entre otras cosas.
En esa línea hay varias urgencias. Una es una descentralización educativa 2.0 hacia los estados que modernice el acuerdo de 1992 y cambie de raíz el Título VII de la Ley General de Educación para dotar de mayor libertad y autonomía a los estados en materia de contenidos, calendarios, materiales didácticos o modalidades de selección, contratación y profesionalización docente, por ejemplo. Si unos estados quieren proveer educación de alta calidad, adelante; si otros prefieren hundir a su población, será bajo su responsabilidad.
Otra es reformular el marco jurídico apropiado para involucrar a los municipios (al menos los que tengan una población superior a los 500 mil habitantes, que son 51) en la prestación del servicio educativo en sus circunscripciones. Y una más es promulgar un nuevo marco legal para las relaciones laborales con el SNTE, cuyo Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo data de 1946, que frene las tres “C” que han sido tan dañinas: cogobierno, colonización y captura por parte de intereses ajenos a la educación.
La agenda es sustanciosa, pero, por favor, admitamos que no es el calendario sino el ecosistema educativo el que demanda cirugía mayor.
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