Víctimas de la elección de 2021, colegios de abogados y colectivos de Sinaloa denunciaron entonces encubrimiento y ejercicio indebido del servicio público, entre otros delitos
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Víctimas de la elección de 2021, colegios de abogados y colectivos de Sinaloa denunciaron entonces encubrimiento y ejercicio indebido del servicio público, entre otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada la denuncia, presentada en febrero pasado, en contra de Rubén Rocha por su probable vinculación con integrantes de la delincuencia organizada, coalición de servidores públicos, encubrimiento, delitos relacionados con la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
A la inacción en este expediente se suma la falta de imputación en contra de la exfiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, a pesar de que la propia FGR acreditó la existencia de un montaje oficial en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acusaron colectivos y colegios de abogados sinaloenses denunciantes.
Miguel Ángel Murillo, dirigente del Frente Cívico Sinaloense (FCS), informó que se entregaron pruebas de los presuntos nexos del gobierno de Sinaloa con grupos fácticos, pero la FGR -bajo la gestión de Ernestina Godoy- se ha negado a llamar a comparecer a los involucrados o a procesar las evidencias aportadas.
En entrevista con La Aurora, dijo que la Fiscalía solo aceptó realizar una supuesta investigación ante la presión de Estados Unidos tras acusar a Rocha y nueve implicados por narcotráfico y nexos con Los Chapitos a cambio de protección, apoyo para ganar las elecciones en 2021 y millones de dólares en sobornos
Sin embargo, en febrero, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) intentó negarse a recibir la denuncia del FCS, Alianza Mexicana de Abogados, Federación de Abogados de Sinaloa, Colegio de Abogados “Eleuterio Ríos Espinoza”, Colegio de Abogados “Jorge Aguirre Meza” y Colegio de Abogados “Mariano Otero de Culiacán”.
“Nos dijeron que no era procedente, resistimos y esperamos varias horas. Simplemente recibieron la denuncia para congelarla y meterla al cajón de los olvidos, no hemos tenido respuesta de si van a tomar las pruebas que adjuntamos, si darán continuidad a la carpeta de investigación, sencillamente no continuó. Hay un domicilio procesal para recibir notificaciones legales y nada”, afirmó el presidente del FCS.
Entre las pruebas que se anexaron está la revelación de la FGR, en la gestión de Alejandro Gertz Manero, del montaje de la fiscalía de Sinaloa, a cargo de Sara Bruna Quiñónez, que quiso hacer pasar el móvil del asesinato de Héctor Melesio Cuén como un intento de asalto.
“La fiscal simplemente presentó su renuncia el 16 de agosto de 2024 con la desfachatez de decir que ´se hicieron bien las cosas’ y de agradecer al gobernador Rocha y al Congreso estatal por su apoyo, sin que hasta el momento haya sido imputada en el ámbito federal ni ella ni otro servidor público”, señaló Murillo.
En la denuncia ante la FGR también se expuso que la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez tampoco haya actuado en contra de su antecesora.
El dirigente del FCS indicó que esta lamentable que todavía se tuvo el descaro de permitirle participar a Dámaso Castro para contender en la terna para sustituir a Bruna Quiñónez, cuando fue parte del montaje.
Además de que, al no ganar la designación, se le dio el “premio de consolación” de seguir actualmente como vicefiscal, cargo en el que permanecer aun cuando también fue acusado por EU.
Por lo anterior, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que instruya a la FGR a que tome con la seriedad que amerita la denuncia que se interpuso en contra del ahora exgobernador.
La coalición de colectivos y abogados sinaloenses no solo ha emprendido acciones en el ámbito penal, sino en el instituto electoral y el tribunal de Sinaloa, a través de pruebas y testimonios de víctimas de secuestro durante la elección de 2021, quienes están dispuestos a testificar. No obstante, el resultado es el mismo: impunidad.
Otro aspecto que preocupa es el control que mantiene Rocha con la designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina -quien lo primero que hizo al asumir fue defenderlo de Washington-, así como del Congreso, la fiscalía y el poder judicial.
“El poder judicial está tomado totalmente por el hoy senador Enrique Inzunza- acusado de proteger a ‘Los Chapitos´-, quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia; el Congreso designó a su esposa, Claudia Meza, como magistrada y ella tiene hermanos que son jueces y otro magistrado”.
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