Si el gobierno sigue el camino de proteger a Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, las consecuencias las pagará México: vendrán por él.
El problema no son los “elementos probatorios suficientes que justifiquen la viabilidad de la solicitud”, porque los hay y de sobra.
Hay plena evidencia de la actuación armada del Cártel de Sinaloa para hacer ganar a Rocha Moya en las elecciones de 2021, y eso es parte de la acusación.
Para la presidenta el problema es que entregar a Rocha Moya es admitir la existencia de un narcogobierno morenista, impulsado y protegido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
No tiene salida: está con México o está con Morena.
Las administraciones de Morena permitieron, por distintas razones, la consolidación del narcogobierno en Sinaloa.
Hace poco más de dos años fui a ese estado y entrevisté a algunos de los cerca de 200 secuestrados por el Cártel de Sinaloa la noche previa de la elección:
“Poco antes de las dos de la mañana del domingo iba a mi casa y se me cerró un comando armado. Adelante se atravesó otro carro. Me pusieron en la parte de atrás, me quitaron la camisa y me la pusieron en la cabeza y me la apretaron con cinta canela. Me llevaron a donde estaban concentrando a los levantados de aquí de Culiacán.
“De ahí nos llevaron a un rancho cerca de El Dorado, que es una judicatura costera. Yo soy asmático, no podía respirar. Entonces me bajaron la cinta y pude ver. Éramos unos 40 o 50 secuestrados. Me impresionó mucho. Parecía una guerrilla. Eran cuando menos unas 200 personas armadas.
“Un compañero, Francisco González, que era el coordinador del distrito 16 local, estaba ahí. Lo noté traumatizado. Temblaba. Lloraba. Falleció a los ocho días de un derrame cerebral”.
Otro de los levantados en Culiacán me cuenta que se le cerraron en un crucero, por atrás, adelante y a los lados. “Se bajó un niño, parecía niño. La metralleta estaba más grande que él”.
-¡Bájate! ¡Bájate!
Con los demás levantados fue igual. A un punto de concentración en Culiacán y de ahí a la casa de seguridad del cártel en la costa.
Los empezaron a soltar a partir de las 10 de la noche del domingo, con las casillas ya cerradas y los votos contados.
El mismo operativo se efectuó, en simultáneo, “desde El Carrizal (al norte) a Mazatlán” (al sur del estado). “Los punteros (motociclistas equipados con radios, que trabajan para el cártel) sacaron a la gente a votar por Morena. Se llevaron urnas. En las sesiones de consejos distritales había miembros de ellos” (del crimen organizado).
El gobierno federal lo sabía, como también supo del montaje de la fiscalía de Sinaloa para aparentar que el exrector Héctor Melesio Cuén había muerto en un asalto.
Falso, lo mataron en la casa de los hijos del Chapo, donde acudió a reunirse con Zambada y el gobernador Rocha Moya, como efectivamente ocurrió.
Si no entregan a Rocha Moya y a los integrantes de su gobierno que reclama la justicia de Estados Unidos, comandos del FBI vendrán por ellos.
La legislación de Estados Unidos se los permite, porque en casos de narcoterrorismo se arrogan el derecho de la extraterritorialidad.
Una intervención de esa naturaleza en México implicaría la ruptura de las relaciones entre ambos países.
Sería, quizá, la última locura de Morena en el gobierno, de consecuencias devastadoras para la soberanía y la economía del país.
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