Una carpeta puede quedarse años en un archivo sin que nadie lo note.
Una orden de aprehensión puede no solicitarse.
Un peritaje puede tardar “lo necesario”.
Una línea de investigación puede descartarse sin explicación pública.
Y casi nadie se entera. Porque la o el fiscal es “complicado”, porque hay aislamiento, porque “no comparte información”.
No siempre es ilegal, pero sí es discrecional. Y en México ese margen se colocó en manos de fiscalías autónomas con una intención legítima: que la persecución penal no dependiera del gobernador o del presidente en turno.
Por décadas, el Ministerio Público dependió del Ejecutivo. La antigua Procuraduría General de la República respondía al poder central. Por eso, en 2014 se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República como órgano autónomo. Los estados replicaron el modelo.
La decisión se alineó a estándares internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la autonomía es clave para investigar sin presiones políticas. La idea es clara: que nadie pudiera frenar un caso incómodo.
La independencia era necesaria. El problema es cuando deriva en opacidad.
En la práctica, las fiscalías deciden qué investigar, qué priorizar, cuándo judicializar y cuándo archivar. Muchas veces con criterios técnicos válidos. Pero sin evaluación externa, esa discrecionalidad puede volverse opaca y prácticamente incuestionable.
En muchos estados se repiten situaciones: carpetas archivadas sin explicación, baja tasa de sentencias, liberaciones difíciles de entender y poca comunicación con víctimas.
En teoría, el control lo ejerce el Congreso. Pero supervisar una fiscalía no es solo citar a comparecer. Implica analizar de forma constante indicadores, presupuestos y resultados. Y eso requiere equipos técnicos que pocas veces existen.
La solución no es regresar al pasado ni debilitar la independencia. Es construir contrapesos técnicos.
¿Qué cambiar?
Se necesitan indicadores obligatorios y públicos para entender cómo trabajan las fiscalías: tiempos de investigación, niveles de archivo, tasas de judicialización y sentencias. Deben sumarse evaluaciones externas periódicas que midan el desempeño institucional, no casos concretos. También es indispensable fortalecer al Congreso con equipos técnicos capaces de analizar esa información con profundidad.
Además, cada fiscalía tendría que publicar con claridad su política de persecución penal, impulsar un verdadero servicio profesional de carrera y establecer mecanismos efectivos de participación para víctimas.
La autonomía es necesaria, pero ningún órgano que decide sobre la libertad, el patrimonio y la vida de las personas puede operar sin ser observado. El verdadero riesgo no está en la independencia, sino en ejercerla sin vigilancia: cuando el actuar deja de explicarse y las decisiones dejan de ser cuestionadas.
En un país donde la justicia sigue siendo una deuda, ese hermetismo institucional no es menor: con demasiada frecuencia determina si un caso avanza… o se diluye en el silencio.
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