El plan del secretario de Estado, Marco Rubio, es aplicar tres fases en el país sudamericano que son estabilización, recuperación y transición
El plan del secretario de Estado, Marco Rubio, es aplicar tres fases en el país sudamericano que son estabilización, recuperación y transición
Después de los ataques a Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mandatario estadounidense Donald Trump afirmó que los presos políticos están en segundo plano: "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones".
Organizaciones de derechos humanos han documentado de forma constante la detención arbitraria de opositores, activistas, periodistas y ciudadanos críticos al régimen chavista desde hace más de una década, aunque en los discursos oficiales —tanto dentro como fuera del país— este tema ha quedado relegado frente a agendas geopolíticas y económicas centradas en el control del petróleo y la estabilidad regional.
La organización venezolana Foro Penal, reconocida por su seguimiento de detenciones por motivos políticos, reportó recientemente cifras que oscilan entre 800 y casi 900 personas aún encarceladas por razones políticas en el país. Según un reporte fechado a finales de diciembre de 2025, 863 personas permanecían como presos políticos, incluidos civiles y militares, de los cuales un porcentaje significativo no ha sido condenado y otros están desaparecidos dentro del sistema penitenciario venezolano.
Además, otros balances de la misma organización sugieren que esa cifra puede ascender a 890 o incluso a más de 1 800 detenidos, según el corte y la metodología usada por la ONG en diferentes momentos del año.
La realidad del fenómeno es vasta y compleja: desde 2014, Foro Penal ha registrado decenas de miles de detenciones arbitrarias con fines políticos, muchas de las cuales han terminado en prisión prolongada, procesos sin garantías y condiciones que organizaciones internacionales consideran violatorias de derechos humanos.
Diversos gobiernos de oposición y defensores de derechos humanos han denunciado que estas detenciones forman parte de una estrategia más amplia para intimidar y silenciar a cualquier voz crítica al poder establecido, tanto antes como después de cada proceso electoral señalado por múltiples observadores como poco transparente.
La atención mediática y diplomática reciente se ha centrado en otros aspectos de la crisis venezolana —especialmente tras una escalada de tensión entre Caracas y Washington—, y los presos políticos han quedado en un segundo plano en las declaraciones públicas de altos mandos estadounidenses, que han priorizado temas como la recuperación petrolera y la “estabilidad” del país.
Esto ha generado críticas tanto en Venezuela como en el exterior, pues a pesar de que organizaciones y familiares de detenidos exigen repetidamente la liberación de quienes consideran injustamente encarcelados, la agenda política a gran escala no siempre incorpora este punto como una prioridad inmediata, reflejando tensiones entre intereses geopolíticos y demandas de justicia.
En medio de este contexto complejo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha detallado un plan estructurado en tres fases para abordar la situación en Venezuela, con la mirada puesta en la transición política del país. Estas fases han sido descritas como:
Esta visión de tres tiempos ha sido promovida como una hoja de ruta que combina la agenda económica con objetivos políticos y sociales, aunque ha recibido críticas por parte de sectores que consideran que pone demasiado énfasis en los recursos energéticos y no suficiente atención a los derechos humanos desde el
