El periodista Rafael "Lafita" León permanece en prisión domiciliaria acusado por otros cargos por la misma fiscal de Coatzacoalcos, Veracruz
El periodista Rafael "Lafita" León permanece en prisión domiciliaria acusado por otros cargos por la misma fiscal de Coatzacoalcos, Veracruz
La fiscal regional de Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosilla, dejó su cargo en medio del escándalo nacional provocado por la acusación de terrorismo contra un reportero de nota roja, un delito inédito en México y ampliamente cuestionado por autoridades federales, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el propio Poder Judicial.
Sin anuncio oficial de responsabilidades ni explicación pública sobre su actuación, Díaz Hermosilla abandonó la Fiscalía regional de la zona sur de Veracruz y será sustituida por Braulio Salvador Conde Rivas, excoordinador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en la misma región. El relevo ocurre mientras el periodista Rafael Lafita León, conocido como Lafita, continúa bajo prisión domiciliaria, pese a que un juez desechó el cargo más grave que pesaba en su contra.
La ahora exfiscal había sido designada en marzo de 2024 como parte de una reestructuración promovida por la entonces fiscal estatal, Verónica Hernández Giadáns, quien justificó los cambios bajo criterios de capacidad, desempeño y profesionalización. Menos de un año después, su gestión quedó marcada por una acusación que evidenció el uso extremo del aparato penal contra el ejercicio periodístico.
Lafita fue detenido en Nochebuena, cuando salía de su domicilio. Pasó seis días en prisión y posteriormente fue trasladado a su casa, donde cumple una medida cautelar de un año. En la carpeta de investigación, firmada por Díaz Hermosilla, se le imputaron los delitos de terrorismo, encubrimiento y ataques a las instituciones de seguridad.
El señalamiento de terrorismo fue desestimado por un juez por falta de pruebas. Según la propia acusación, el periodista “causaba terror en la ciudadanía” al publicar información sobre asesinatos, cuerpos desmembrados y narcomantas, hechos que forman parte de la cobertura cotidiana de la violencia en el sur de Veracruz. “Dicen que yo provoco miedo por informar lo que pasa en Coatzacoalcos”, relató Lafita en entrevista.
Aun así, el comunicador continúa procesado por los otros delitos, bajo el argumento de que no reporta a las autoridades la información que recibe de sus fuentes y que la publicación de nombres de policías en mensajes del crimen organizado vulnera a las instituciones de seguridad. Organizaciones de defensa de periodistas han advertido que estos criterios criminalizan el trabajo informativo y sientan un precedente peligroso.
La acusación por terrorismo escaló hasta Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a la Fiscalía de Veracruz y fue contundente: “El delito de terrorismo nunca se ha usado en México”, afirmó, al tiempo que subrayó que la libertad de expresión está “por encima de todo”. La gobernadora Rocío Nahle respaldó públicamente esa postura.
Ante la presión política y mediática, la Fiscalía estatal, encabezada por Verónica Jiménez Aguirre, informó que Lafita sería vinculado únicamente por encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, sin ofrecer detalles sobre la acusación de terrorismo ya descartada por el juez. Días después, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación a fortalecer el Mecanismo de Protección a Periodistas, incluyendo a comunicadores con procesos judiciales derivados de su labor.
Sin sanción, sin explicación
Pese a la gravedad del caso y al reconocimiento implícito de que la acusación por terrorismo fue improcedente, no se ha informado de ninguna investigación administrativa ni sanción contra Díaz Hermosilla. Su salida ocurre sin un pronunciamiento público de la Fiscalía estatal sobre los criterios que llevaron a formular una imputación considerada inédita y desproporcionada.
