Austeridad hacia afuera, resistencias hacia adentro
No toda victoria revela fuerza; algunas exhiben límites
La conferencia matutina del pasado viernes 10 tuvo tono de balance. Bajo la consigna “abajo los privilegios”, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los logros del llamado plan B: no reelección, no nepotismo, reducción de recursos a congresos estatales, menos regidores, fin de pensiones “doradas” y recortes a prestaciones en órganos electorales.
La lista es políticamente poderosa. Apela a un sentimiento social extendido: el rechazo a los excesos del poder. En el terreno del discurso, el mensaje funciona.
Pero los balances políticos no se hacen con listas. Se hacen con resultados. Y ahí, lo que aparece es algo distinto: una reforma acotada, pospuesta y, sobre todo, negociada a la baja.
Lo aprobado… y lo diferido
Dos de los puntos más emblemáticos —no reelección y prohibición del nepotismo en candidaturas— no entrarán en vigor en 2027, como se propuso originalmente, sino desde 2030.
No es un detalle técnico. Es una señal política.
La reforma evita afectar el ciclo electoral inmediato. Dicho de otra manera: los incentivos del poder vigente no se tocan. La decisión no fue jurídica, fue política.
A ello se suma la ambigüedad en el alcance de la prohibición del nepotismo: ¿se prohíbe para el mismo cargo o para cualquier candidatura dentro de redes familiares? La falta de precisión deja abierta una puerta que, en política, rara vez permanece cerrada.
La reforma que no pasó
Más revelador es lo que quedó fuera.
La iniciativa original incluía dos piezas centrales: la reducción del número de diputados y senadores, y la disminución del financiamiento público a los partidos políticos. Ninguna prosperó.
No fue la oposición quien las frenó. Fueron los aliados. Ellos trazaron la línea.
El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México marcaron un límite claro: no tocar las bases materiales del sistema político que les garantiza supervivencia y margen de negociación.
El resultado fue un ajuste: se aprobaron medidas de menor impacto y sobre los más débiles, como la reducción de recursos a congresos estatales y la disminución de regidores en los municipios… pero solo en 56 ayuntamientos de casi 2,500.
Una cosecha, por decir lo menos, modesta.
Pensiones: entre el exceso y la arbitrariedad
El tema de las llamadas “pensiones doradas” ilustra bien la tensión entre discurso y realidad.
Tras el anuncio, la información disponible mostró inconsistencias y exageraciones en algunos casos. Pero más allá de eso, hay dos elementos de fondo.
El primero es la excepción: quedan fuera las pensiones de las Fuerzas Armadas y aquellas derivadas de aportaciones voluntarias. La regla no es general.
El segundo, más delicado, es la retroactividad. Al tratarse de una reforma constitucional, se aplica de inmediato y modifica la condición de vida de miles de personas —en muchos casos septuagenarias o mayores, viudas, en situación de vulnerabilidad— sin posibilidad de defensa legal.
En contraste, los sistemas de pensiones civiles llevan décadas con límites claros: en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), topados primero en salarios mínimos y ahora en UMAs; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con reglas diferenciadas entre la ley de 1973 y el sistema de cuentas individuales, donde la mayoría de las pensiones apenas alcanza una fracción del último ingreso laboral.
A ello se suma un criterio discutible: fijar el límite en función del ingreso presidencial, sin considerar que la titular del Ejecutivo dispone de prestaciones en especie —vivienda, servicios, transporte— que no forman parte del ingreso monetario de la mayoría de los servidores públicos.
El resultado no es solo austeridad. Es también discrecionalidad.
Órganos autónomos: el costo silencioso
La eliminación de seguros médicos, fondos de ahorro y otras prestaciones en organismos electorales responde a una percepción social negativa. “Cuestan mucho”, se dice.
Pero tiene un efecto menos visible: reduce la capacidad de atraer y retener perfiles técnicos, y vuelve más vulnerables a quienes integran órganos constitucionales autónomos.
La autonomía no depende únicamente de la ley. También descansa en condiciones materiales que permitan ejercer el cargo sin presiones indebidas.
Debilitar esas condiciones tiene consecuencias, aunque no se reflejen de inmediato.
El saldo político
Visto en conjunto, el plan B deja un saldo claro: no es la reforma estructural anunciada, sino una versión recortada de lo posible.
Una reforma que pospone sus efectos más sensibles, que elimina sus componentes más disruptivos y que conserva intactos los intereses centrales del grupo dominante en el sistema político.
Más aún: deja ver los límites reales del poder presidencial.
La presidenta no logró adelantar la entrada en vigor de sus propuestas. No consiguió modificar la estructura del sistema electoral. No pudo reducir el financiamiento a los partidos. Y enfrentó una resistencia eficaz de sus propios aliados.
En términos llanos: la reforma de Claudia Sheinbaum avanzó hasta donde la dejaron llegar. Ese límite no lo fijó la oposición, sino quienes comparten el poder.
Mirando hacia 2027
El episodio no es menor. Anticipa tensiones hacia adelante.
En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, además de la renovación de la Cámara de Diputados. Los procesos de selección de candidaturas pondrán a prueba la capacidad de conducción política al interior de la coalición gobernante.
Si el plan B mostró algo, es que los intereses territoriales y partidarios tienen peso propio. Y que no necesariamente se subordinan a una lógica central.
A ello se suma un proceso clave: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
El diseño del procedimiento para elegir a tres consejer@s —con un Comité de Evaluación que filtra candidaturas y la posibilidad de insaculación si no hay acuerdo— abre la puerta a personas cercanas a quienes controlan el proceso político.
La pregunta es importante: ¿serán leales a quién: al INE o a sus “padrinos” o “madrinas”?
Balance
El plan B fue presentado como una victoria contra los privilegios.
Pero visto de cerca, se parece más a un ajuste negociado: lo suficiente para sostener la narrativa, no tanto como para alterar los equilibrios reales del poder. Es, supuestamente, una victoria presidencial, pero acotada.
Y en política, las victorias acotadas no marcan hasta dónde se llegó… sino a dónde no se puede ir.
Recomendar Nota
