El régimen de la '4T' opera bajo una contradicción cada vez más evidente. Por una parte, ha tenido un éxito enorme en hacerse de los hilos del poder, dado que los tiene casi todos. Por la otra, ha sido incapaz de acelerar el crecimiento de la economía, que ha resultado en los últimos siete años aún más decepcionante que el de por sí insuficiente crecimiento económico de los 36 años anteriores.
Esta contradicción no es casual, dado que el proceso de acumulación de poder ha emitido señales que generan incertidumbre para la inversión productiva. Algunos ejemplos incluyen, la cancelación del NAIM, que generó dudas sobre el respeto a contratos establecidos y la seguridad jurídica; los cambios de reglas para favorecer a Pemex y CFE sobre las empresas privadas, que mermaron la confianza de inversionistas extranjeros; la eliminación o debilitamiento de reguladores independientes (como la CRE o el IFT), que alertó sobre la falta de contrapesos técnicos frente a decisiones políticas, y la asignación directa de grandes proyectos de infraestructura (Tren Maya, AIFA, Refinería Dos Bocas) a la Sedena y a un grupo selecto de contratistas, redujo la transparencia y la libre competencia en las licitaciones.
A esto se suman otros casos como el de la cancelación del proyecto de Constellation Brands, que generó un precedente donde inversiones que cuentan con todos los permisos legales pueden ser revertidas por criterios externos al marco jurídico; la renegociación de contratos de ductos ya construidos (como los de IEnova y TC Energy), que fue visto como una "extorsión regulatoria", y, por supuesto, la elección de jueces y magistrados por voto popular, que, junto con la reforma a la Ley de Amparo, generó temor sobre la pérdida de imparcialidad jurídica, lo que podría dejar a las empresas sin defensa legal ante excesos del Estado.
Todo esto ha venido de la mano de una caída en la inversión desde julio de 2024. Esta menor inversión está asociada con una tendencia decreciente en el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza del INEGI desde julio de 2023. En particular, se observa que la masa crítica de las empresas que no consideran que el momento actual es adecuado para invertir resulta mayoritaria. Una clave de este pesimismo la ofrece la Encuesta a Especialistas del Sector Privado que hace el Banxico, la cual identifica la “mala gobernanza” como una de las principales causas de la falta de confianza para invertir. Por cierto, 0% de esos especialistas considera que la coyuntura actual de las empresas es buen momento para invertir.
Sin embargo, una encuesta de confianza hecha a inversionistas extranjeros (https://www.kearney.com/service/global-business-policy-council/foreign-direct-investment-confidence-index) indica en su más reciente medición una mejora relativa en la confianza para invertir en México. Esto es alentador dado que se trata de una encuesta prospectiva proyectada hacia los próximos tres años, lo que en parte podría estar acusando recibo de los esfuerzos de la actual administración por reponer la confianza de los inversionistas con iniciativas como el Plan México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar (2026-2030) y la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Si esto se traduce en mayor confianza para los inversionistas en general, pero, sobre todo, si se traduce en una recuperación en los niveles de inversión que nos permita ubicarla cerca de 30% del PIB de manera sostenida, podremos decir que las medidas han sido exitosas. Sin embargo, es poco factible que esto ocurra si no se generan los equilibrios institucionales que garanticen que los atentados contra la certeza respecto de las reglas del juego se sigan cometiendo.
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