Saltillo, Coah.- Durante más de 20 años me he dedicado a la comunicación. He entendido su poder, su alcance y también sus riesgos. Porque comunicar no es solo informar: es influir, es construir percepción, es incidir en la manera en que una sociedad interpreta la realidad. Y justamente por eso, hay límites que no deberían cruzarse.
Uno de ellos es cuando la justicia deja de resolverse en los tribunales y comienza a intentarse en los medios.
En los últimos años hemos visto casos profundamente dolorosos y complejos que han sido llevados al espacio público con una intensidad mediática que muchas veces rebasa la dimensión legal. Casos que, por su propia naturaleza, requieren sensibilidad, rigor y responsabilidad.
También hemos visto otra cara. La de quienes buscan utilizar los medios no para visibilizar una causa legítima, sino como una estrategia. Como una forma de presión. Como un intento de construir una narrativa que no necesariamente corresponde con los hechos.
He sido testigo de cómo se puede intentar distorsionar la realidad a través de la mediatización de un proceso legal. De cómo, en lugar de cumplir con obligaciones claras, se opta por pagar espacios, buscar micrófonos. Es una estrategia que no busca justicia, busca percepción.
Porque es más fácil generar empatía pública que asumir responsabilidades privadas. Más fácil dar entrevistas que cumplir con lo que corresponde. Más fácil construir una historia que sostener la verdad. Y en ese punto, la comunicación deja de ser una herramienta y se convierte en un mecanismo de manipulación.
No lo digo solo yo. Desde el propio Poder Judicial en Coahuila se ha señalado con claridad que los asuntos deben resolverse en los tribunales, no en los medios. Que la exposición mediática puede distorsionar los procesos, generar presiones indebidas y afectar tanto a las partes como al debido proceso.
En ese mismo sentido, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, ha reiterado que las decisiones se toman con base en la ley, en las evidencias y en el debido proceso, no en narrativas ni en percepciones públicas. “Nosotros no litigamos ni a través de los medios, ni admitimos justicia a través de las redes sociales”.
Esa advertencia no es menor. Porque cuando un caso se traslada al terreno mediático, no solo se pone en juego la reputación de las personas. Se pone en riesgo la confianza en las instituciones, en la justicia misma y en el papel de los medios como actores responsables dentro de una sociedad democrática.
No hay estrategia de comunicación que sustituya la responsabilidad. No hay campaña que pueda ocultar el incumplimiento. Y no hay narrativa que esté por encima de los hechos.
Los medios no pueden convertirse en tribunales paralelos, la empatía no puede fabricarse.
Y la justicia, para ser justicia, no puede depender de quién comunica mejor su versión.
Se construye con hechos. Con pruebas. Con responsabilidad. Y, sobre todo, con verdad.
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