México vive una crisis de violencia devastadora, pero hay otra todavía más grave y más profunda. Es la crisis de indiferencia. La violencia mata, desaparece, desplaza y somete. La indiferencia observa, relativiza, justifica y sigue de largo. La primera destruye vidas. La segunda destruye la capacidad de reaccionar. Y cuando ambas se juntan, el horror no solo crece. También se normaliza.
Lo vimos con claridad en días recientes. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió solicitar al secretario general que llevara la situación de México a la Asamblea General, al considerar que recibió indicios bien fundados de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El propio comité precisó que este procedimiento es preventivo y busca movilizar atención y apoyo internacional, no fijar responsabilidades penales individuales. Pero aun con esa precisión, la señal es de una gravedad histórica.
Hay además un matiz muy importante. La ONU no sostuvo que exista una política federal expresa para desaparecer personas. De hecho, dijo que no encontró evidencia de una política de ese tipo a nivel federal. Pero también subrayó algo igual de delicado. En varios casos reportados recibió información sustentada que apunta a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Es decir, el problema no desaparece porque no exista una orden centralizada. Sigue siendo gravísimo porque el fenómeno puede configurarse también desde estructuras locales, redes de protección y complicidades criminales enquistadas en partes del Estado.
Frente a una alerta internacional de este tamaño, cualquier democracia seria habría reaccionado con alarma, autocrítica y apertura total al escrutinio. En México ocurrió otra cosa. El gobierno rechazó el informe por considerarlo tendencioso, falto de rigor jurídico y omiso de los avances institucionales desde 2018. La posición oficial también sostuvo que el comité extrapoló información de años anteriores y no tomó en cuenta cambios legales ni acciones recientes. En otras palabras, frente a una llamada de emergencia, la prioridad fue defender la narrativa.
Y ahí está justamente la tesis de fondo. La crisis de violencia es terrible, pero la crisis de indiferencia es aún más peligrosa porque bloquea cualquier salida. Cuando una nación escucha una alarma internacional por desapariciones y su primera reacción es discutir el tono, la metodología o el mensajero, queda claro que el problema no es solo de seguridad. Es también moral, político e institucional. La indiferencia convierte la tragedia en rutina. La vuelve paisaje. La administra en lugar de combatirla.
Eso explica por qué en México cada fosa clandestina conmueve unas horas, cada desaparecido ocupa un espacio momentáneo en la conversación pública y cada madre buscadora recibe solidaridad fugaz, pero rara vez esa conmoción se traduce en presión sostenida, exigencia organizada o verdadero costo político. El país aprendió a vivir rodeado de noticias insoportables sin transformarlas en una causa nacional. Y cuando una sociedad pierde su capacidad de indignarse frente al horror, el crimen no solo gana territorio, gana resignación colectiva. Esa es la victoria más peligrosa.
México necesita policías, inteligencia, fiscalías y capacidades forenses. Pero antes de todo eso necesita recuperar algo más básico. Sensibilidad pública, coraje cívico y vergüenza nacional frente a lo intolerable. Porque la violencia puede enfrentarse con estrategia e instituciones. La indiferencia, en cambio, pudre desde dentro y vuelve casi imposible la solución.
México no solo se desangra por la violencia. También se paraliza por la indiferencia. Y un país que deja de indignarse frente a sus desaparecidos empieza, poco a poco, a desaparecer con ellos.
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