Se pueden maquillar cifras, cambiar metodologías, minimizar la magnitud del problema, reiterar que hay supuestas mejoras o pretender lavarse las manos señalando que las desapariciones en México son culpa de otras administraciones. Pero, por mucho que se intente, la realidad persiste.
Justo eso se evidenció. Por primera vez en su historia, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU —órgano que supervisa la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado vinculante para México— activó el mecanismo previsto en el artículo 34 y decidió escalar el caso a la Asamblea General. Lo hizo al identificar indicios fundados de desapariciones generalizadas y sistemáticas, no hechos aislados, sino un patrón sostenido en el que las fallas del Estado —por acción, omisión, contubernio o tolerancia— han permitido que el fenómeno alcance niveles graves que incluso pueden implicar crímenes de lesa humanidad, con la consecuente responsabilidad internacional.
La decisión no surge de la nada. En 2015, el comité ya advertía fallas estructurales: registros incompletos, ausencia de un sistema de búsqueda eficaz y coordinado, servicios forenses rebasados e impunidad generalizada, además de deficiencias en la investigación que impedían determinar responsabilidades, sobre todo cuando podrían estar involucrados agentes del Estado.
En los años siguientes, esas preocupaciones se agravaron. A ello se sumó otra fuente de evidencia: las acciones urgentes, un mecanismo que permite a los familiares acudir directamente al comité ante riesgos inmediatos y exigir la intervención estatal. México acumuló más casos que cualquier otro Estado parte, lo que derivó en intervenciones reiteradas del CED y en la documentación de patrones de desaparición, respuesta estatal deficiente e impunidad generalizada. Así, lo que durante años se presentó como una suma de incidentes aislados terminó por evidenciarse como un patrón sistemático que llevó a la activación del artículo 34.
Este mecanismo es excepcional. Al trasladarse a la Asamblea General, la crisis de desapariciones en México queda ante la vista de todos los Estados, exponiendo al país a escrutinio internacional directo. La evidencia acumulada se convierte en un registro verificable que puede respaldar auditorías, recomendaciones vinculantes, denuncias y litigios internacionales, dejando constancia de la omisión del Estado y limitando su margen de maniobra frente a la comunidad global.
El escalamiento también presiona a México para abrir la puerta a la cooperación técnica internacional de alto nivel. Esto implica la intervención de expertos independientes en áreas sensibles como registros, búsqueda, forense e investigación. En la práctica, supone aceptar diagnósticos externos, compartir información crítica y someter políticas públicas a estándares verificables. México ha mostrado resistencia a este tipo de mecanismos porque reducen el control sobre la narrativa, exponen fallas estructurales y pueden traducirse en exigencias difíciles de eludir. También implican ceder margen de discrecionalidad en ámbitos donde la opacidad ha sido persistente. Su aceptación implicaría un cambio operativo bajo supervisión internacional.
México ya no puede seguir evadiendo su responsabilidad. En derecho internacional, la omisión también compromete al Estado: no prevenir, no investigar y no sancionar es suficiente para generarla. A ello se suman indicios documentados de participación de agentes estatales —por acción o tolerancia— en algunas desapariciones, lo que agrava esa responsabilidad.
La activación del artículo 34 marca un punto de quiebre. No habrá sanciones inmediatas, pero sí algo más difícil de revertir: un expediente internacional que crece con cada omisión documentada y que puede utilizarse fuera del control del Estado. A partir de ahora, cada caso no resuelto deja de perderse en el sistema: se acumula. Y esa acumulación ya juega en contra del Estado.
Recomendar Nota
